Crimen sin castigo en Zongolica

El ultraje y asesinato de Ernestina Ascensio Rosario, una indígena de 73 años de edad en la sierra de Zongolica, Veracruz, de alguna manera toca el hilo rojo de la violencia y de la inseguridad; los abusos de poder y la impunidad que coinciden con los primeros 100 días de éxito del gobierno calderonista.

Zongolica es una región que de alguna manera tiene relación con los guerrerenses, donde hace más de un año la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvo a tres presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que se presumía estaban involucrados con la ejecución en Acapulco de José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Desde aquella detención, la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada inició un operativo en la zona serrana de Zongolica por la supuesta presencia de guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario.

Nadie es poseedor de la verdad. Unos desmienten a otros, por ello es necesario hacer un rápido recuento de los hechos. A un mes de distancia del asesinato, aún no se sabe con certeza quiénes son los responsables del crimen, pero por ahora la información disponible indica que el pasado 25 de febrero unos individuos vestidos de militares ataron, golpearon y violaron en repetidas ocasiones a Ernestina Ascensio Rosario, vecina de la comunidad de Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz, entidad que gobierna el priísta Fidel Herrera Beltrán.

La revista Proceso recogió las últimas palabras de la anciana nahua fallecida un día después de la golpiza, que seguramente habría identificado a sus agresores. “Fueron los soldados, m’ija. Los soldados me golpearon, me amarraron, me golpearon y me taparon la boca. Traían sus cartucheras llenas de balas”, Proceso, núm. 1584, 11 de marzo, 2007, p. 18.

Quiérase o no, el asunto ya está presente en la opinión pública y, más allá de una guerra de papel, dictámenes médicos y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha colocado a las fuerzas armadas en la mira de la crítica y ha avivado el debate acerca de las acciones y los excesos militares, del costo social y del desgaste político de una de las instituciones centrales del Estado mexicano y, por supuesto, del costo político del presidente Calderón y de su gobierno, factura que tendrá que pagar en las elecciones de medio sexenio.

No es la primera vez que ocurren estos hechos lamentables en contra de las mujeres indígenas por parte del Ejército Mexicano. Nuestra entidad guerrerense tiene un amargo historial de casos que no han sido resueltos y que han quedado en la impunidad. Crimen sin castigo.

Recordemos cómo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hace algunos días rememoró algunos casos de abusos similares al de la anciana de la sierra de Zongolica: “Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Ayutla de los Libres, quien en el año 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses; Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca originaria de Caxitepec, quien también fue violada y torturada por militares en el mismo año; los de Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixtecas, originarias de Barrio Nuevo San José, todas ellas del estado de Guerrero”.

Para no quedar atrás de su antecesor y compitiendo con él en evacuación verbal, Felipe Calderón en su declaración a La Jornada: “La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada”, La Jornada, 13 de marzo, 2007, p.11.

A juzgar por los hechos y dichos, Calderón Hinojosa no sabe lo que habla o sabe mucho más de lo que dice. Salta a la vista: la acusación contra miembros del Ejército Mexicano en el caso Ernestina Ascencio encuentra un contexto propicio para la sospecha, incluso para el linchamiento mediático. Como sea, el acopio de la documentación en todos estos casos justifica la duda razonable sobre la eventual impunidad que podría encubrir el brutal ataque contra la anciana indígena. En todo caso, estas lamentables experiencias alertan sobre las no escasas posibilidades de que el fuero militar, que no es aplicable en este caso, se convierta, de facto, en impunidad.

Gastritis crónica no atendida o violación y asesinato, el cadáver de la anciana nahua exhibe los rasgos de la pobreza que campea en las zonas más pobres del país, en la sierra de Veracruz o en la región de La Montaña de Guerrero, de la marginalidad, la pobreza extrema, el racismo que prevalece en los grupos más desprotegidos y vulnerables como son los indígenas, de la impunidad como daño irreversible del poder militar, de las deudas históricas que la nación sigue sin saldar y de su potencial de riesgo de un levantamiento popular en contra de los malos servidores públicos que siguen protegiendo a delincuentes con charola y matonas para asesinar.