15 ANIVERSARIO DE LA CARPETA GUERRERENSE

Tixtla- Atiborrado por escándalos, cuentos chinos y enredos gubernamentales; acostumbrado al tufo de cloacas e intrigas malolientes, el respetable muestra un escepticismo monumental ante las contingencias políticas, incluso las más delicadas como las explosiones en los gasoductos de Pemex ocurridas en Guanajuato y Querétaro los pasados 5 y 10 de julio, reivindicadas públicamente por el Ejército Popular Revolucionario (EPR): según un estudio demoscópico, cuatro de cada diez ciudadanos opinan que este episodio es “un invento del gobierno federal” para distraer la atención puesta en el extraño caso de Zhenli Ye Gon.

Con este análisis sobre el EPR, La Carpeta Guerrerense celebra el 15º Aniversario de su publicación, fue en agosto de 1992, cuando el único de análisis de coyuntura que existe en Guerrero vio la primera luz, es decir, busqué un mes que coincidiera con el natalicio de don Ignacio Manuel Altamirano o el del general Vicente Guerrero Saldaña, por ser Tixtla la tierra natal de donde se edita y publica este análisis profesional, irrepetible y único. Le tocó la fecha del natalicio del Consumador de nuestra Independencia de México. Las líneas que siguen, es una síntesis de LCG, núm. 255 / 16-31 de agosto, 2007. Este número en especial, combina con el 225 Aniversario del natalicio del libertador de México porque él fue un guerrillero audaz, valiente y gran estratega militar.

Aunque no deja de ser importante como indicador de los humores sociales, la opinión recogida por los sondeos resulta extremadamente sospechosista, incluso ignorante o desinformada, tal “invento” ha tenido severos costos, tanto en términos de confianza en la capacidad de respuesta de las instituciones de inteligencia y seguridad nacional (Cisen, PGR, Sedena, SSP, Segob), como en materia económica y productiva: según Canacintra, entre mil y mil 200 empresas medianas y grandes ubicadas en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, detuvieron su producción debido a la suspensión del suministro de gas, registrándose pérdidas de entre 50 y 100 millones de pesos por cada día de paro, las incertidumbres en los mercados y en los inversionistas, el deterioro en la imagen del país hacia el exterior y, por supuesto, las repercusiones sociales.

Por lo anterior, las peroratas de algunos actores políticos del tipo “son cortinas de humo” pecan de supinas y hasta de irresponsables. O, a más de once años de su aparición e innumerables muestras de fuerza, ¿alguien sigue pensando que el EPR es una “pantomima” (Emilio Chuayffet dixit)?

Del primero, Edmundo Reyes, no se tiene mucha información, pero por su edad (50 años), y el propio reclamo, se puede considerar un militante de larga data y, por lo mismo, quizás también de alto rango.

Pero del segundo, Raymundo Rivera o Gabriel Alberto Cruz, se conoce bastante: para empezar que es hermano de Francisco Cerezo Quiroz o Tiburcio Cruz Sánchez, uno de los dirigentes formales del grupo armado. Con al menos 35 años en la clandestinidad, al igual que su hermano, Gabriel Alberto (de 55 años) sería uno de los fundadores del PROCUP y del EPR.

La guerra sucia y el cierre de los ductos institucionales.
Nadie sabe dónde están los dos guerrilleros reclamados por el EPR: no se encuentran en ninguna cárcel del fuero federal ni estatal, no hay santo ni seña de ellos. Así pues, no se puede descartar hipótesis alguna: desde que fueron detenidos y desaparecidos por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, o el Ejército o la PGR, hasta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas entre los propios eperristas.

No obstante, lo primero es mucho más probable que lo segundo. Para empezar, la desaparición de los dos guerrilleros confirma que en Oaxaca se vive una suerte de guerra sucia que, como vimos en una Carpeta Guerrerense anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en su recomendación 15/2007: “tortura, homicidio, irregular integración de averiguaciones previas, dilación en la procuración de justicia, ataques a la propiedad privada, afectación a la integridad física, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, incomunicación y ataques a la libertad de reunión”.

Las lógicas de la “campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y del gobierno ilegítimo”.

Más allá de la justificación inicial esgrimida por el EPR, un par de preguntas caen por su propio peso: ¿por qué iniciar la “campaña de hostigamiento” con un ataque Pemex, una de las empresas de “todos los mexicanos”? Si el pleito es contra la “oligarquía” y el “gobierno ilegítimo”, ¿por qué no bombardear, por ejemplo, un nodo de Telmex, el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores o las instalaciones de alguna televisora?

Lo primero que habría que señalar es que el grupo guerrillero consiguió su objetivo, al menos de manera indirecta, pues la suspensión en el suministro de gas afectó a una buena parte de las empresas asentadas en el corredor industrial del Bajío.

Por incapacidad para distinguir un “accidente” de un “atentado” o porque el gobierno intentó ocultar información a la ciudadanía, después de la segunda batería de explosiones y el pronunciamiento del EPR, fue virtualmente imposible apagar la verdad.

No obstante, puede seguir pareciendo contradictorio atacar a la “oligarquía” a través de Pemex, una entidad pública en deterioro.

Quizás sobre-ideologizado, pero acaso el estudioso que mejor ha intentado explicar los porqués del objetivo elegido por el EPR sea el escritor y especialista en movimientos guerrilleros, Carlos Montemayor, en su serie de artículos publicados en La Jornada.

Primero, debe quedar claro que los miembros del EPR cuentan con antecedentes bien conocidos en el manejo de explosivos. Ya en 1990 el general Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos subversivos en México, apuntaba: “En lo que respecta al PROCUP [antecedente directo del EPR], se puede decir que es, quizás, la organización más peligrosa en México, sobre todo por el tipo de actividades que lleva a cabo en la clandestinidad, así como por la línea violenta que lo caracteriza con el manejo de explosivos”.

La estela del 2 de julio está lejos de terminarse, la percepción de fraude persiste, incluso es mayor al cabo de un año de aquella jornada. Al menos como una posibilidad remota, pero no puede pasar desapercibido que la guerrilla es un fenómeno social y el EPR intenta canalizar en favor de la violencia el descontento con el “gobierno legítimo”. A río revuelto...

Se ha dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo: menguar, atajar o deshacer la fuerza de los grupos armados no depende sólo de la fuerza policiaco-militar aplicada por el Estado, sino que también es necesario que las instituciones democráticas demuestren su eficacia, incluso su existencia allí donde campea la marginación, la pobreza, el autoritarismo... En suma, se tiene que desarmar políticamente a los exponentes de la antipolítica.

Pasado en claro. Ayer martes 31 de julio, último día de propuestas para la Reforma del Estado, Jesús Vargas Vargas, Leoncio Domínguez Covarrubias, Fermín Vargas Vargas, Carlos Reyes Romero y el autor de estas líneas, entregamos al licenciado José Luis Barroso Merlín, oficial mayor del Congreso, y al diputado Fernando Pineda Ménez, la “Propuesta para la refundación de la relación Estado-Ciudadana en Guerrero”, para la Reforma del Estado.

La lista de las ciudadanas y ciudadanos que signamos la propuesta, son entre otros: Silvia Alemán Mundo, Eloína López Cano, Jesús Samper Ahumada, Alejandra Cárdenas, Isaías Alanís, Ricardo Infante Padilla, Alberto Morlet Heredia, Gaudencio Díaz Jiménez, Pascual Poctzin Martínez, Raúl Calvo Barrera, Roberto Salazar López, Concepción Vargas Vargas, Gildardo Valenzo Miranda, Leonor Vélez Calvo, Martín Martínez Olvera, Isabel Ortega Morales; me falta espacio para mencionarlos a todos, les ofrezco una disculpa, hasta ahora 57 signantes. Pronto la Comisión dará a conocer a la sociedad guerrerense, una serie de conferencias por especialistas sobre la participación ciudadana (como la Comisión que preside en el Congreso del Estado la diputada María Guadalupe Pérez Urbina), en la Reforma del Estado.