miércoles, 23 de mayo de 2007

DE LA SECODAM A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Posterior a la conferencia magistral “Más allá de la transparencia: combate a la corrupción”, por Irma E. Sandoval Ballesteros, doctora en ciencia política por la Universidad de California, hija del ex diputado federal Pablo Sandoval Ramírez (epd), condiscípulo del autor de estas líneas en el histórico Colegio del Estado, asimismo, nieta del legendario e incansable luchador social, Pablo Sandoval Cruz, quien debió sentirse orgulloso el pasado viernes 18, al presenciar en el foro de la mesa temática “Función Pública y Buen Gobierno”, que coordinan el diputado Raymundo García Gutiérrez y el profesor Sergio Tavira Román, el doctor Sandoval Cruz, repito, debió sentirse ampliamente complacido por la extraordinaria exposición que hizo su nieta sobre la transparencia y su contraparte, la corrupción. Tema que no analizaré porque ya fue ampliamente socializado por la prensa escrita local.

Seguidamente, hubo 13 ponencias, de las cuales me voy a referir a la que envió la diputada María Guadalupe Pérez Urbina, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado, con el título “De la SECODAM a la Secretaría de la Función Pública”, leída en el foro por el que esto escribe.

“Acaso por las expectativas que generó la designación de Francisco Barrio Terrazas como Contralor General – el “Zar anticorrupción”, como le llamó el propio Vicente Fox-, por la importancia de esa área de control para el resto de la administración pública, los cambios en la otrora Secretaría de la Contraloría señalan uno de los problemas centrales del país: la corrupción, la impunidad y los mecanismos e instituciones de control para hacerle frente”. Así inició la ponencia de la legisladora de Convergencia. Las líneas que siguen es la parte medular de la ponencia de la diputada Lupita Pérez Urbina, como cariñosamente le dicen a la legisladora radicada en Acapulco.

“Casi a la mitad del sexenio foxista, además del reemplazo de Francisco Barrio por Eduardo Romero Ramos, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) cambió de nombre por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y amplió sus facultades para instrumentar la flamante Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

Para hacer corto este cuento largo; durante la campaña presidencial, Miguel de la Madrid había prometido la “renovación moral” del país. Una vez en la Presidencia de México, la renovación moral se convirtió, por obra y gracia presidencial, en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación [SECOGEF] en 1982.

En 1996, el Presidente Ernesto Zedillo, transformó a la [SECOGEF] en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). Fue a partir de la muy poco afortunada iniciativa del Presidente Zedillo cuando se registró una cierta propensión a dividir, en una misma Secretaría, las funciones de Contraloría, por un lado, y el Desarrollo Administrativo, por el otro; tendencia que continuó en la actual Secretaría de la Función Pública, el abogado juarense Eduardo Romero Ramos, y que también el nuevo Secretario de la SFP, el abogado Germán Martínez Cázares, del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa, también parece imitar.

Aunque parece extraño en estas tierras guerrerenses se cultiva y aflora con particular enjundia la ineficacia, la corrupción y la impunidad; la burocracia no siempre ha significado algo cercano al insulto, a la incompetencia. Es más, la burocracia –según una copiosa literatura- es el triunfo de la racionalidad en la vasta y complejísima tarea de organizar y hacer funcionar el Estado moderno.

Durante casi dos siglos de vida independiente, la administración pública del país se ha desarrollado de la mano de la corrupción y la impunidad de los servidores públicos, de la politización de la burocracia y el uso del aparato gubernamental como un recurso político más del presidente o del gobernador en turno, entre otras argucias”. La ponencia termina con las siguientes líneas.

PROPUESTAS:
“Siguiendo al sociólogo Max Weber a continuación expreso las siguientes propuestas de cómo debería de ser la Función Pública y Buen Gobierno en el Estado de Guerrero en relación a la Reforma del Estado.

1) Homologar el nombre de la Contraloría General del Estado con el de la Secretaría de la Función Pública (de la Federación), es decir, que se llamara también Secretaría de la Función Pública y se le adicionara el concepto de Buen Gobierno, para denominarse: Secretaría de la Función Pública y Buen Gobierno.

2) Un cuerpo de funcionarios personalmente libres, que se deban sólo a los deberes de su cargo; y no a padrinazgos y componendas.

3) Instaurar en los tres Poderes del Gobierno de Guerrero (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y en los 81 municipios el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública.

4) Despolitización de la Administración Pública, al menos en dos sentidos: a) el manejo de la burocracia como agencia de colocación para los amigos y aliados del Gobernador y sus Secretarios, del Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Presidente de la Comisión de Gobierno y de los presidentes municipales en turno. b) como aparato de ajuste de cuentas, encargado de golpear a los enemigos políticos, castigar las infidencias, escarmentar a desleales, todo ello se debe al sistema a través del cual se han repartido los cargos públicos en la entidad guerrerense.

5) La ciudadanía debe contar con un estatuto de libertad de información con el que las burocracias se vean obligadas a liberar información que sea de interés para los ciudadanos. Hasta ahora la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, no es suficiente, además de ser obsoleta, es indispensable que se legisle para crear la Ley de Archivo y la Ley de Protección de Datos Personales.

6) Implantar modelos de calidad para mejorar el funcionamiento interno de las instituciones de gobierno. Estos modelos no son nuevos, en México comenzaron a implementarse a nivel federal hace seis años, sin embargo, a nivel del gobierno del estado estos modelos no se han implementado, seguimos en el cabús en todo.

7) El Congreso del Estado de Guerrero, debería ya de legislar sobre una Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública del Estado. Sin esta Ley, todos los trabajadores están indefensos frente al patrón, y éstos son los titulares de los tres poderes y los 81 presidentes municipales.

En suma, una burocracia que realmente lo sea y, en esa medida, sea garantía no sólo de eficacia y eficiencia administrativa (esto es, que demuestre cotidianamente ese saber especializado, sostenido en la técnica, que la hace superior a otra formas de organización de los asuntos del Estado), sino de probidad gubernamental y neutralidad política, talón de Aquiles de nuestra administración pública”.