IMPUNIDAD EN EL CONGRESO

En la sociología política, en autores tan disímiles como Hobbes y Rousseau el Contrato Social tiene como base crear una asociación que defienda y proteja a la persona y las posesiones de cada uno de los asociados.

El aparato de seguridad pública en Guerrero, está muy lejos de cumplir con la función esencial de la unidad política. Esto se debe, en buena medida, a las deficiencias del sistema de justicia, en mutación desde hace varios sexenios, pero siempre detrás de los desafíos que plantea la criminalidad y la impunidad.

La delincuencia tiene permiso y Guerrero está lleno de delincuentes que violan o incumplen la ley, que se salen con la suya, que quedan totalmente impunes. En esta entidad suriana, en suma, un delincuente no tiene más freno que su conciencia y su necesidad. Parece mentira que los dos diputados que coordinan las fracciones parlamentarias más numerosas en el Congreso del Estado: Carlos Reyes Torres, presidente de la Comisión de Gobierno, gracias al dedo impostor de Chavarría Barrera, no ha podido solventar varios millones de pesos cuando fue alcalde de La Unión; y el diputado Abraham Ponce Guadarrama, coordinador de la bancada del PRI, también se encuentra en la misma situación cuando fue alcalde de Taxco, es decir, tampoco ha comprobado los recursos financieros que manejó en el trienio: 2002-2005, sin embargo, los dos tienen fuero constitucional, por eso son intocables, los protege la aureola de la impunidad.

De hecho, en Guerrero se conspira contra el imperio de la ley: altos niveles de impunidad, cáncer imbatible de corrupción en todo el sistema judicial, flagrante ineficacia de algunos cuerpos operativos, escaso trabajo de inteligencia. Lo cierto es que la delincuencia nos está rebasando por la izquierda, por la derecha, por todos lados.

El pasado jueves 12 de abril, la diputada María Guadalupe Pérez Urbina, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, en la tribuna del Congreso del Estado, propuso un Acuerdo Parlamentario el cual fue aprobado por unanimidad en el que exhortó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, para que dé instrucciones a los responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, a que remitan los programas al Poder Legislativo, si es que existen, o en su defecto, se implementen programas viables para la seguridad de la ciudadanía, y en particular para el ejercicio periodístico por considerar esta actividad sumamente riesgosa. Hoy veremos cuales son las respuestas en las comparecencias de Armando Chavarría Barrera, secretario del cascarón de lo que fue la Secretaría General de Gobierno; y el general Juan Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil.

Es paradójico que justo cuando en nuestra entidad ha aparecido un medio escrito más crítico como el ejemplo de La Jornada Guerrero, el oficio periodístico se ha hecho más peligroso. Aunque siguen prevaleciendo enclaves autoritarios, los abusos de autoridades han cedido el paso a la impunidad y las mafias políticas y las que se dedican al envenenamiento de nuestras juventudes como las principales amenazas para el periodismo.

De hecho, ante el peligro que representan las mafias y la impunidad, varios medios de comunicación han optado por no tocar el tema, por dejarlo pasar; es decir, los delincuentes han cumplido con su objetivo: desinformar a la sociedad. Son como aquellos servidores públicos deshonestos que compran plumas faltos de ética y de moralidad, pensando ilusamente que le van a lavar sus corruptelas.

La impunidad parece la norma, más que la excepción. De los asesinatos más sonados, apenas se ha sabido del procesamiento de unos responsables: 1) los asesinos del diputado panista guerrerense Jorge Bajos Valverde, pieza cercana al gobernador Torreblanca Galindo; y 2) el asesinato de Amado Ramírez, aunque todavía quedan cabos sueltos.

Lo dice el sentido común y lo confirman las cifras del miedo: o cambia o se desmorona nuestro edificio judicial. Cabe recordar que, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el libro blanco de la reforma judicial [Véase La Carpeta Guerrerense, núm. 245, 16-31 de marzo, 2007] que contiene más de 11 mil propuestas y aporta una serie de acciones puntuales [33 para ser exactos] para perfeccionar el sistema de justicia nacional.

Es evidente que sobra material para analizar y discutir el tema; que existe consenso, al menos en el discurso, sobre la necesidad de atender uno de los reclamos más sentidos como lo es el de la seguridad pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho; lo que falta es voluntad política por parte de partidos y legisladores para concretar una de las reformas más apremiantes para la sociedad guerrerense, la reforma judicial.