Legitimidad de la consulta

¿Es como o apenas lo suficiente ese millón y medio de personas convocado por una consulta con “vicios de origen” y preguntas sesgadas, que bordeó la frontera de la legalidad e instaló sus casillas en los páramos de la nulidad jurídica ? ¿Son demasiado o apenas lo necesario esos 4 millones 250 mil pesos erogados ---sin contar lo desembolsado por el gobierno capitalino--- para la primera de tres etapas de un ejercicio democrático que involucra a todo el país?

Por extraño que parezca, la ocurrencia pejista se convirtió en un prodigio que le dio a casi todos los que querían participar. Para quienes la consulta no era sino una tomadura de pelo sin mayor rigor ni sustento, absurda e inútil, los resultados conformaron que se trató de una elección soviética o, en versión nativa, de comicios de etapas pasadas; un fracaso, pues, en toda la línea, incluso como “ejercicio partidista”, según la definición del inmoderado representante de la derecha “moderna” ---si es que existe--- y presidente del PAN, Germán Martínez. ¿Es justo o racional descalificar una iniciativa política que logra movilizar a 826 mil ciudadanos en el Distrito Federal? ¿Músculo fofo y sin fibra? ¿Insignificante y estéril?

En contraste, para sus promotores la consulta es un éxito redondo: con todo en contra, incluso la “ayuda” del PRD ---candil de la calle y perito en cochineros---; sin acceso a las grandes audiencias ---público cautivo de las televisoras---; frente a una campaña masiva del gobierno federal y del PAN (cuyas acciones suelen tener efectos inversos) y con escasos recursos ---y credibilidad y rigor---, los 1.5 millones de ciudadanos en nueve entidades y la Ciudad de México que salieron a votar el pasado 27 de julio le dan un lugar ---según el estratega de la consulta, Manuel Camacho Solís--- a la izquierda en la mesa de negociaciones de la reforma petrolera.

Si las preguntas de la consulta dejaron prácticamente a todos a disgustos, con la consulta legítima parece haber sucedido lo contrario: todos encuentran la confirmación de su pronóstico, a favor o en contra da lo mismo.

Será por ello que seguimos igual que antes de la consulta: derecha e izquierda tranzados en una confrontación política por el petróleo (que no hace sino reproducir las discrepancias de fondo sobre la economía y el Estado que estuvieron en liza en 2006), mientras el PRI se frota las manos, se atrinchera en el centro y se pertrecha de la retórica (“Modernización sin privatización”) de una propuesta de reforma energética que no resuelve los problemas de Pemex pero le allana el camino al PRI hacia 2009 y 2012; y que, finalmente, no hace sino confirmarlo como el ganón de todo este largo proceso de eventual reforma energética.

Es espectáculo, éste de la disputa por Pemex, que según una encuesta reciente parece tener sin cuidado a la mayoría de los ciudadanos: 83% de los encuestados a nivel nacional ---y 73% en el DF--- dicen desconocer el resultado de la consulta.

Por el ejercicio ciudadano: Lo que, en el fondo, rescata a la consulta es la puesta en práctica de una forma de participación popular políticamente correcta y legítimamente democrática, frente a la cual han quedado mal parados algunos de sus más encendidos críticos. Un ejercicio, por lo demás, que parece recordarnos la urgencia de legislar en materia de democracia directa: consulta ciudadana, iniciativa popular, plebiscito y referéndum a nivel nacional; afortunadamente en Guerrero, ya está vigente la Ley de Participación Ciudadana, sin duda la mejor ley de esta 58 Legislatura que ya está por terminar en tres meses y medio, pero que felizmente impulsó la diputada María Guadalupe Pérez Urbina, del Partido Convergencia y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado.

A tragar zapos. Tal vez se trate de un capítulo más del pragmatismo con el que gobiernan Calderón y los suyos, una estrategia de contención y control de daños: evitar, a cualquier costo, abrir frentes de guerra interna rumbo a las elecciones de mitad de sexenio. Como sea, el regreso de Vicente Fox y los arreglos de Manuel Espino deben leerse como verdadera señal de alerta y advertencia de una regresión política.

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