“Mi reforma electoral” es más avanzada que la federal, esta declaración equivocada del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, tiene muchos elementos de análisis que es preciso aclarar.
En primer lugar, se ve mal que el titular del poder ejecutivo local, pretenda arrogarse la iniciativa de la reforma electoral, como el único padre de la misma, minimizando la participación de la sociedad civil en los pasados foros, asimismo, hace a un lado a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial en la construcción de la misma.
En segundo lugar, una reforma electoral local, nunca puede ser más avanzada que una federal, porque la primera es muy acotada, una somera comparación de ambas nos puede dar como resultado diferencias muy marcadas a favor de la federal.
La iniciativa de la reforma electoral local, según la declaración del gobernador, tiene los siguientes “avances”: reducción del tiempo de campañas, ciudadanización del órgano electoral, reglas claras para sancionar a quienes rebasen los topos de campañas y reglas claras para evitar que políticos una vez que llegan al Congreso, defeccionan del partido que los llevó a la diputación, luego se declaran legisladores “independientes”, concepto por cierto que no reconocen la Constitución local ni la Ley Orgánica del Congreso.
Estos serían los “avances” de “su” iniciativa de la reforma electoral del gobernador; son “avances” muy nimios, si la comparamos con la reforma electoral federal. Veamos:
Se aprobó previamente a la discusión de la iniciativa de la reforma electoral federal, la Ley para la Reforma del Estado, conocida como “ley Beltrones”, propuesta por el senador Manlio Fabio Beltrones, líder de la fracción priista en el Senado de la República, una ley procedimental que obliga al poder Legislativo a discutir y alcanzar cinco grandes acuerdos, pero que por falta de espacio sólo me refiero al capítulo de la Democracia y sistema electoral.
Este tema concita el mayor número de propuestas: 18 de las 49 propuestas de consenso -en las que coinciden por los menos cuatro partidos políticos- que se recogieron durante la primera etapa del proceso. Entre otras, figuran la de introducir el referéndum y el plebiscito, revisar el modelo de financiamiento público a las campañas, regular la intervención de funcionarios públicos durante la contienda electoral, así como la publicidad gubernamental, fortalecer los mecanismos de equidad en las elecciones, reducir los tiempos y costo de las campañas y discutir la continuidad del actual Consejo General del IFE. Decisión esta última que ya se tomó en el Senado, porque van a salir el doctor Luis Carlos Ugalde, Consejero Presidente en forma escalonada, y él encabezará la salida de los 3 primeros consejeros de los 9 en total.
Si se observa, estos sí son auténticos avances de la reforma electoral federal, porque contiene dos grandes figuras de democracia directa, como es el referéndum y el plebiscito, avances que aún no contiene la iniciativa de la reforma electoral de Guerrero, porque el Congreso no ha dictaminado la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, que presentó la diputada María Guadalupe Pérez Urbina desde el 26 de julio de 2006. Este bloqueo no es una mera coincidencia, si no que hay línea desde arriba para que siga en la “congeladora”, porque si se aprueba sería tanto como transferir el poder al pueblo debido a las figuras de democracia directa que contiene la iniciativa.
Además de estos avances de la ley electoral federal, dispone de cuatro consejeros especialistas en parlamentarismo, elecciones y constitucionalismo: María Amparo Casar, doctora en ciencia política y profesora del CIDE; Diego Valadés, doctor en derecho e investigador del IIJ de la UNAM; y la enorme experiencia de Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Alcocer. Estos expertos no pueden compararse con los que integran la mesa de alto consenso, pues resultan aprendices si se comparan con los cuatro consejeros nacionales.
Por otra parte, la Ley para Reforma del Estado, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril de 2007, es decir, en solo 5 meses ya se tienen resultados positivos de la reforma electoral federal; en cambio, los trabajos de la reforma electoral en Guerrero, se iniciaron desde el 13 de septiembre de 2006, coincidiendo con el 193 aniversario de los Sentimientos de la Nación, esto es, a un año de distancia, sin que los guerrerenses tengamos resultados positivos; concluyo: o bien el gobernador no sabe lo que dice, o le faltan asesores en ciencia política, sociología política y juristas especializados en derecho electoral -no abogados-, o bien, no le hace caso a sus asesores si es que los tiene de buen nivel.
miércoles, 19 de septiembre de 2007
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