Armando Bartra –sociólogo y antropólogo- nos recuerda que, La Costa Grande de Guerrero es laboratorio donde los magnos acontecimientos de nuestra historia se reproducen in vitro; escenario teatral en donde el drama de la nación es representado por actores locales.
Hace exactamente 15 años, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, un grupo de campesinos inermes, perteneciente a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que se dirigía a un mitin, fue atacado salvajemente por policías del estado.
Carlos Monsiváis y Julio Scherer, escribieron en el libro Tiempo de saber, prensa y poder en México, que en aquella ocasión fueron asesinados 17 campesinos y muchos más resultaron heridos. La orden de represión vinieron del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, enfurecido ante la movilización de campesinos desarmados (pp. 294-295).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución el 23 de abril de 1996, es decir, después de que transcurrieron diez meses, donde se indicaba los responsables de la brutal matanza encabezada por Rubén Figueroa Alcocer, Héctor Vicario Castrejón, entre otros. Scherer y Monsiváis, señalaron que, a pesar de que la resolución dictaminó la responsabilidad de altos funcionarios públicos, y en algunos casos se ejercieron las acciones penales correspondientes. Eso no importó para el presidente Ernesto Zedillo, de aquel entonces, el desenlace les favoreció y todos resultaron absueltos o con sentencias menores.
A pesar de la decisión judicial y de las recomendaciones de la CNDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se procesó a los funcionarios involucrados. El Poder Judicial de Guerrero liberó a 16 policías participantes directos en el crimen, acusados por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, que sólo purgaron algunos de ellos tres módicos años de prisión.
En las primeras semanas y meses, señalan Monsiváis y Scherer que, el caso Aguas Blancas no le interesaba demasiado a la prensa, que –sin estas palabras, con esta actitud- la consideraba uno más de los episodios de la violencia agraria, o que se sentía muy defendido por Zedillo al gobernador Figueroa; por cierto compadres.
Pero que la resonancia verdadera del hecho ocurrió meses después, al transmitir Ricardo Rocha en su programa de Televisa un video de la matanza, que se le entregó “por vía anónima”. La frialdad absoluta de los policías, y su indeferencia ante la cámara de video que los registró en el momento de asesinar, se complementa con los ayes de lo heridos y moribundos, con los campesinos agazapados y los cadáveres. Y sólo la exhibición del video activó a la prensa.
Pero fue la prensa nacional y numerosas organizaciones sociales las que presionaron al gobierno priista de Zedillo para que Figueroa Alcocer solicitara licencia definitiva ante el Congreso de Guerrero para dejar el cargo de gobernador el 12 de marzo de 1996, al ahora senador Ángel Aguirre Rivero, que por aquel entonces era el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
A Carlos Montemayor y Carlos Monsiváis, en paz descansen.
Mientras que la Red de Defensa de los Derechos Humanos, continúa exigiendo castigo a los responsables intelectuales y materiales de la masacre de Aguas Blancas. Alto a la militarización de Guerrero y del país. Alto a la criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país. Y la presentación con vida de todos los detenidos.
Rubén Figueroa Alcocer se encuentra tras del trono de Zeferino Torreblanca Galindo, y Héctor Vicario Castrejón, preside la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y busca por segunda ocasión la candidatura a gobernador por el PRI como si nada hubiera pasado aquel brutal 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas.
eodiego@yahoo.com.mx
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