Tres gobiernos represores

TRES GOBIERNOS REPRESORES

Ernesto Ortiz Diego

No es una guerra florida y los actos de violencia, independientemente de su origen, desautorización cualquier abordaje parcial. Especialmente aquellos que, en uno y otro bando, justifican o celebran con igual pragmatismo y precaridad intelectual el desbordamiento de energías criminales con argumentos de la peor calaña y alarmante insolvencia moral, el asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo.

Por un lado, la defensa de una “causa” política, social o ideológica y el “derecho del pueblo” a responder con las mismas armas del adversario. El fin justifica los medios, todos los medios, incluida la “apropiación” de métodos utilizados por las falanges de la ultraderecha aguirrista y los pistoleros del viejo ejército y la Policía Federal Preventiva (tan vigente hoy como ayer).

Escenas como las del 12 de diciembre en Chilpancingo, con pretendidas disculpas, defendidas y ocultadas con la misma retórica “progresista”, la barbarie que desencadenaron los Aparatos Represivos del Estado (ARE) al servicio incondicional del gobernador Ángel Aguirre Rivero, defendido el salvajismo por el analfabetismo funcional de algunos periodistas inconcientes que se ponen al servicio del gobierno mediante una dádiva para seguir medrando también del presupuesto gubernamental.

El 12 de diciembre de 2011, con la masacre de estudiantes de Ayotzinapa, como el 30 de diciembre de 1960 con los asesinatos cometidos por el general Raúl Caballero Aburto; también el 28 de junio de 1995 con el caso Aguas Blancas, germinaron la degradación fascistoide de los gobernadores de aquel entonces: Raúl Caballero Aburto, Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero, reiteración inaudita de represión, no hay término más preciso.

Tres gobernadores que se colocaron en los bordes de la ilegalidad, en el más absoluto vacío de ideas y la ausencia de alternativas éticas al páramo social, cultural y productivo.

Atravesado por el oportunismo “institucional” y la corrupción estructural de sus élites (compuesta de familiares, compadres y los viejos priistas ignorantes y corruptos, que nunca han sido referencias confiables). El aguirrismo ya no es confiable a los ojos del pueblo ha caído en ingobernabilidad, en crisis política y en gobierno fallido. Aguirre perdió el toque, agotó el discurso “renovador” y desperdició el capital político con el que llegó por segunda vez al gobierno del estado de Guerrero.

Por el otro, la salvaguarda del viejo Estado de Derecho sin importar los excesos de la fuerza pública que reprime y asesina para hacerse “respetar”, la deliberada ruptura del orden jurídico, el desprecio a las garantías individuales y la inferencia puntual por los derechos humanos: aprehensiones y cateos arbitrarios, golpiza extrajudicial a los estudiantes detenidos de Ayotzinapa, captura ilegal, vejaciones, ultraje y violación a los derechos más fundamentales y universales del hombre y la mujer.

“Daños colaterales”, dirán los defensores pagados por un gobierno fascistoide, imponderables de la acción justiciera. Minucias de procedimiento que se diluyen y matizan ante la evidente peligrosidad de los delincuentes y la efectividad del operativo criminal vestidos con uniformes de soldados y de policías.

En realidad, para los duros de la clase política que encabeza el gobernador Aguirre, el aparato de inteligencia y los cuerpos de seguridad (federales, ministeriales, fuerzas armadas), lo mismo que para un sector del poder judicial y franjas dominantes de la opinión pública que controla los medios informativos, la falta de respeto de los derechos humanos resulta irritante, vomitivo y purgante.

Son la otra cara de la misma moneda: la barbarie legalista y legaloide de policías y abogánsteres con placa oficial; de ministerios públicos, jueces y procuradores carcomidos por décadas de corrupción bien remunerada; de alcaldes, legisladores y gobernadores al servicio de sus patrocinadores; de cúpulas empresariales preocupadas por el “pésimo clima” para sus negocios (¡inseguridad jurídica, ya no hay moral!) e industriales de la comunicación y sus voceros, analistas, locutores en papel de “lideres de opinión” que exigen, reclaman, promueven, imponen, generan, insistan, excitan la mano dura, el fin de la impunidad, el respeto a la ley por cualquier medio y a cualquier precio, para hacer respetar el viejo Estado de Derecho decimonónico del siglo XVIII en pleno absolutismo.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx