martes, 3 de enero de 2012

Represiones que no pueden olvidarse

REPRESIONES QUE NO PUEDEN OLVIDARSE

Ernesto Ortiz Diego

De la “amenaza para todos” a la identificación parcial, sesgada, de presuntos culpables (policía federal y ejército). De la inflexión grave, circunspecta, del gobernador Ángel Aguirre que convoca a una supuesta unidad para cerrarle el paso a la crisis de su gobierno, a la arenga de los indignados de Ayotzinapa y de los movimientos sociales en contra de un gobierno represor; estos primeros días de año nuevo, serán cruciales para saber si continúa su gobierno o termina su cuatrienio.

En el núcleo de las interrogantes, no necesariamente en sus respuestas, parece estar la clave política del fin del cuatrienio. Un cierre de gestión que anuncia tempestades y podría precipitar la confrontación sin atenuantes ni punto de retorno. Un cuatrienio de pronóstico reservado, en el ocaso del aguirrismo en Guerrero.

No se puede asegurar que en el gobierno de Aguirre hay optimismo, magníficas noticias, tranquilidad y temple. Cualquier prueba sobre la matanza de Ayotzinapa en su contra antes del 15 de enero sería fatal para su segundo gobierno.

En los días y semanas que vienen, al gobernador Aguirre se le ve molesto, preocupado, su propensión al alcoholismo lo hace ver desgajado, intranquilo, no parece encontrar alguna estrategia para enfrentar con ánimo lo que le espera de las investigaciones que están realizando la CNDH y la Comisión Especial del Congreso de la Unión sobre el Caso ayotzinapa.

Porque, al final, lo saben los especialistas del próximo pasado, un mal principio de un gobierno termina con un triste final de un cuatrienio o sexenio, del que se esperaba mucho, pues Aguirre había llegado a la gubernatura de Guerrero en el 2011 con un enorme capital político, pero su propensión también a la represión, vino a dar al traste con su optimismo; se le augura un pésimo final si es que continúa como gobernador, las manchas a su gobierno como represor no se van a olvidar rápidamente, la matanza de 11 campesinos de El Charco en la Costa Chica en 1998 aún están presentes, la golpiza a los profesores de la CETEG el 12 de octubre en Acapulco, tampoco se puede olvidar, y después de dos meses, exactamente el 12 de diciembre, los dos asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa.

Ayotzinapa puede ser el “Waterloo” de Aguirre, famosa batalla por la derrota del ejército francés, que se suponía invencible, dirigido por Napoleón Bonaparte el 18 de junio de 1815, y el triunfo del Duque de Wellington, que comandaba las fuerzas británicas, alemanas y holandesas.

Hay muchos testimonios sobre la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa de los que no puedo escribir, por la propia competencia de la CNDH y de la Comisión Especial del Congreso de la Unión, esta última dará su veredicto antes del 15 de enero próximo. También no se escriben los testimonios por la seguridad de las personas que fueron afectadas o que vieron la gran represión con armas de alto poder que obedecía las órdenes dadas del gobernador al general Ramón Arreola, quien no tuvo empacho en decir ese mismo día de la masacre, el 12 de diciembre, que el jefe del ejecutivo local le dijo: “El gobernador me pidió limpiar la carretera y la carretera esta limpia”.

El politólogo Samuel Schmidt, vicepresidente de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, Estados Unidos, escribió en el periódico La Opinión de Los Ángeles, 20/12/2011, (lo que significa que el conflicto se ha internacionalizado), que recibió información de unos politólogos mexicanos, que el día de la masacre, el gobernador Aguirre estaba ocupado en un brindis, cuando sus policías fueron a reprimir la protesta de los estudiantes de Ayotzinapa, llegaron armados con armas largas, las dispararon, mataron a dos estudiantes y obligaron a uno de ellos a disparar para culparlo por los disparos. Schmidt se imagina que trataban de mostrar que los estudiantes habían provocado a los policías y a éstos no les “quedó más remedio” que responder al fuego, porque sus vidas corrían peligro.

El gobernador despidió a medio Aparato Represivo del Estado (ARE) y culpó a los policías por no seguir el protocolo que indica que no se llevan armas largas a una protesta, aunque no queda claro, en qué circunstancias las policías municipal y estatal deben cargar armas largas, y en qué circunstancias pueden disparar. Porque uno va por las calles en Guerrero y se ven vehículos cargados de soldados o policías de todos los niveles con armas largas.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

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