sábado, 31 de diciembre de 2011

Tres gobiernos represores

TRES GOBIERNOS REPRESORES

Ernesto Ortiz Diego

No es una guerra florida y los actos de violencia, independientemente de su origen, desautorización cualquier abordaje parcial. Especialmente aquellos que, en uno y otro bando, justifican o celebran con igual pragmatismo y precaridad intelectual el desbordamiento de energías criminales con argumentos de la peor calaña y alarmante insolvencia moral, el asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo.

Por un lado, la defensa de una “causa” política, social o ideológica y el “derecho del pueblo” a responder con las mismas armas del adversario. El fin justifica los medios, todos los medios, incluida la “apropiación” de métodos utilizados por las falanges de la ultraderecha aguirrista y los pistoleros del viejo ejército y la Policía Federal Preventiva (tan vigente hoy como ayer).

Escenas como las del 12 de diciembre en Chilpancingo, con pretendidas disculpas, defendidas y ocultadas con la misma retórica “progresista”, la barbarie que desencadenaron los Aparatos Represivos del Estado (ARE) al servicio incondicional del gobernador Ángel Aguirre Rivero, defendido el salvajismo por el analfabetismo funcional de algunos periodistas inconcientes que se ponen al servicio del gobierno mediante una dádiva para seguir medrando también del presupuesto gubernamental.

El 12 de diciembre de 2011, con la masacre de estudiantes de Ayotzinapa, como el 30 de diciembre de 1960 con los asesinatos cometidos por el general Raúl Caballero Aburto; también el 28 de junio de 1995 con el caso Aguas Blancas, germinaron la degradación fascistoide de los gobernadores de aquel entonces: Raúl Caballero Aburto, Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero, reiteración inaudita de represión, no hay término más preciso.

Tres gobernadores que se colocaron en los bordes de la ilegalidad, en el más absoluto vacío de ideas y la ausencia de alternativas éticas al páramo social, cultural y productivo.

Atravesado por el oportunismo “institucional” y la corrupción estructural de sus élites (compuesta de familiares, compadres y los viejos priistas ignorantes y corruptos, que nunca han sido referencias confiables). El aguirrismo ya no es confiable a los ojos del pueblo ha caído en ingobernabilidad, en crisis política y en gobierno fallido. Aguirre perdió el toque, agotó el discurso “renovador” y desperdició el capital político con el que llegó por segunda vez al gobierno del estado de Guerrero.

Por el otro, la salvaguarda del viejo Estado de Derecho sin importar los excesos de la fuerza pública que reprime y asesina para hacerse “respetar”, la deliberada ruptura del orden jurídico, el desprecio a las garantías individuales y la inferencia puntual por los derechos humanos: aprehensiones y cateos arbitrarios, golpiza extrajudicial a los estudiantes detenidos de Ayotzinapa, captura ilegal, vejaciones, ultraje y violación a los derechos más fundamentales y universales del hombre y la mujer.

“Daños colaterales”, dirán los defensores pagados por un gobierno fascistoide, imponderables de la acción justiciera. Minucias de procedimiento que se diluyen y matizan ante la evidente peligrosidad de los delincuentes y la efectividad del operativo criminal vestidos con uniformes de soldados y de policías.

En realidad, para los duros de la clase política que encabeza el gobernador Aguirre, el aparato de inteligencia y los cuerpos de seguridad (federales, ministeriales, fuerzas armadas), lo mismo que para un sector del poder judicial y franjas dominantes de la opinión pública que controla los medios informativos, la falta de respeto de los derechos humanos resulta irritante, vomitivo y purgante.

Son la otra cara de la misma moneda: la barbarie legalista y legaloide de policías y abogánsteres con placa oficial; de ministerios públicos, jueces y procuradores carcomidos por décadas de corrupción bien remunerada; de alcaldes, legisladores y gobernadores al servicio de sus patrocinadores; de cúpulas empresariales preocupadas por el “pésimo clima” para sus negocios (¡inseguridad jurídica, ya no hay moral!) e industriales de la comunicación y sus voceros, analistas, locutores en papel de “lideres de opinión” que exigen, reclaman, promueven, imponen, generan, insistan, excitan la mano dura, el fin de la impunidad, el respeto a la ley por cualquier medio y a cualquier precio, para hacer respetar el viejo Estado de Derecho decimonónico del siglo XVIII en pleno absolutismo.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

jueves, 29 de diciembre de 2011

Aguas Blancas y Ayotzinapa

AGUAS BLANCAS Y AYOTZINAPA

Ernesto Ortiz Diego

“La historia se repite primero como tragedia y después, como comedia”. Carlos Marx

Para tratar de impedir el bloqueo de la Autopista del Sol (Chilpancingo-Acapulco) por parte de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el gobernador Ángel Aguirre Rivero dio instrucciones a Humberto Salgado Gómez, secretario General de Gobierno y al general Ramón Almonte Borja, subsecretario de Seguridad Pública, para que “limpiaran” la carretera a como diera el lugar en aquel fatídico 12 de diciembre.

Nos recuerda cuando el ahora ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, le dio instrucciones a José Rubén Robles Catalán, secretario General de Gobierno, en aquel también fatídico 28 de junio de 1995, para que los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS, de Coyuca de Benítez), que se dirigían a un mitin en Atoyac de Álvarez, no pasaran a como diera lugar. Murieron 17 y muchos más resultaron heridos. La orden de represión vino del gobernador Figueroa Alcocer, enfurecido ante la movilización de campesinos desarmados.

El epígrafe de este artículo, revela la similitud de dos gobernadores represores, dos operaciones policíacas que se querían ejemplar y derivaron en tragedias por ineptitud o confusión en la jerga policíaco-militar. La historia si se repite aunque con otros actores.

La decisión errónea del gobernador perredista de utilizar la fuerza represiva rompió un acuerdo con los mismos estudiantes de Ayotzinapa, según el cual se le daría solución al pliego petitorio de los normalistas rurales.

Los estudiantes de la vecina ciudad de Tixtla, no están dispuestos a perder su trayectoria como una escuela combatiente donde se formaron Lucio Cabañas Barrientos, Genero Vázquez Rojas y Othón Salazar, entre otros luchadores sociales de izquierda.

Los normalistas de Ayotzinapa no están solos, de las 36 escuelas normales rurales que se fundaron en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, todavía sobreviven 16, son las que apoyan a la escuela que existe en la comunidad de Tixtla, además la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), asimismo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es decir, “los macheteros” de San Salvador Atenco, entre otros movimientos sociales en todo el territorio nacional, que apoyan decididamente a la escuela de Ayotzinapa.

El engaño como siempre de la autoridad local, los que han tratado al gobernador Ángel Aguirre Rivero saben muy bien que es mitómano, que le gusta usar la prepotencia del poder oligarca, la falta de inteligencia de la dirección de gobernación, la entrañable estupidez de un gobierno local dispuesto a incendiar la pradera guerrerense con tal de garantizar la vigencia de un gobierno familiar plutócrata.

Frente a la postura intransigente y violenta de los cuerpos policíacos del gobierno aguirrista, rudos como suelen forjarse en las catacumbas de la oligarquía de la derecha extrema, las fuerzas del orden (municipal, estatal y federal) responden a las peticiones de los estudiantes de Ayotzinapa con singular energía y los acorralan con armas de alto poder como si fueran delincuentes.

Desorden, ineficiencia y negligencia, los cuerpos policíacos cumplen con el deber de garantizar a metralla y toletazos para madrear a los estudiantes a los que ven como enemigos irreconciliables con el escudo a la diestra y la A-47 a la siniestra, para imponer el imperio de la ley irracional, absurda y represiva.

En instantes relámpagos de aquel 12 de diciembre, serían asesinados dos estudiantes: Gabriel Echeverría de Jesús y Erick Alexis Herrera Pino, a quienes el gobierno de Aguirre en un “gesto humanitario y solidario” ha sufragado los gastos funerarios y brindado otros apoyos requeridos, lo mismo el respaldo al joven que resultó herido, según documento enviado el 26 de diciembre de 2011, al doctor Luis García López Herrera, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el gobernador Aguirre, tratando con ello de sobornar a las dos familias de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados a mansalva.

Las incidencias del zafarrancho y sus secuelas corren más rápido que el reguero de pólvora. Las bases estudiantiles de las 16 escuelas normalistas rurales se movilizan en varias partes del país y abren un nuevo flanco de resistencia para que los gobiernos plutócratas no cierren las escuelas para pobres del campo.

A estas alturas de la espiral violenta, los efectivos policíacos se han reforzado con destacamentos de la Policía Federal Preventiva (PFP, brazo operativo de la Secretaría de Seguridad Pública que comanda el sanguinario Genaro García Luna), cuya misión consiste en liberar una de las principales arterias por donde transitan miles de turistas en estas fiestas decembrinas, la Autopista del Sol, y así reducir el “motín” con su sola presencia “disuasiva”.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

Disuadir, contener, reprimir asesinar

DISUADIR, CONTENER, REPRIMIR Y ASESINAR

Ernesto Ortiz Diego

Lo que sigue es la brutalidad en cadena, por todas las vías y desde todos los frentes. La miseria política, civil, inhumana de los enervados promotores de la violencia policiaca-militar que transitan muy fácilmente por la autodefensa de un poder familiar-compadrazgo, que encarnan la violencia fascistoide del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

El contragolpe, la respuesta rabiosa, vengativa, encarnizada de los cuerpos policíacos liberados por el alto mando de toda sujeción o prurito en materia de legalidad, la falta de respeto a las garantías individuales y sin consideración por los derechos humanos del gobierno de Aguirre y su troglodita Aparato Represivo del Estado.

Al desproporcionado despliegue de fuerza represiva armados con A-47, los alebrestados estudiantes responden solo con piedras y sus vidas. Los normalistas rurales de Ayotzinapa no pudieron repeler la agresión de la policía aguirrista y el ejército calderoniano, tuvieron que abandonar despavoridos la Autopista del Sol.

La decisión estaba tomada. La orden venía de Casa Guerrero, donde el gobernador Aguirre brindaba con su familia feliz y sus compadres en el poder oligárquico; ¡ no pasarán !, le dijo Humberto Salgado Gómez, secretario General de Gobierno, al general Ramón Almonte Borja, subsecretario de Seguridad Pública. La detención de los policías autores de la masacre del 12 de diciembre, sería uno de los motivos para tratar de “justificar” la ofensiva sobre los estudiantes de Ayotzinapa, liberar la plaza y restaurar el orden público.

La operación conjunta de las fuerzas estatales y federales, aún no ha dicho cuántos fueron los que asesinaron e hirieron a los estudiantes de Ayotzinapa, fueron órdenes cumplidas a medio día del 12 de diciembre. Sin mayor resistencia de los estudiantes desarmados. Sin observadores de derechos humanos que verificaran el estricto cumplimiento de la ley en un operativo delicado, comprometido, altamente explosivo, porque polizontes y soldados tiraron a matar, nada de contemplaciones.

Saldo en números redondos: 2 muertos, y más de 20 heridos y otros tantos detenidos, obnubilado por la violencia policíaco-militar; el ex procurador Alberto López Rosas empecinado en decir que la policía local había acudido sin armas a los hechos sangrientos en Chilpancingo, en tanto que las televisoras al mismo tiempo pasaban imágenes de los policías y militares disparando sus A-47 y el general Ramón Almonte Borja garrote en mano arengaba a los cuerpos policíacos a que dispararan sin piedad contra los estudiantes de Ayotzinapa.

En última instancia, los “sacrificados” guardianes del orden no hacían otra cosa que desempeñar con “sensibilidad” y aplomo la tarea asignada por Humberto Salgado Gómez y el general Ramón Almonte Borja. ¿Cómo regatear méritos a los verdaderos ejecutores del “monopolio” de la “fuerza legítima” del Estado, como teorizaba el sociólogo alemán, Max Weber.

La muy “profesional” policía guerrerense y el “ecuánime” ejercito calderoniano, se habrían comportado a la altura: con una sonrisa en los labios y una estampita del sol azteca, el gobernador Ángel Aguirre adornando la punta del tolete (y las armas prohibidas, se le veía satisfecho). Lo mismo que los gris/albicelestes de la Federal Preventiva, comandada por el brutal Genaro García Luna desde la ciudad de México, formados en disciplina castrense y la obediencia debida: disuadir, contener, reprimir y asesinar.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Teorías del desorden y del caos

TEORÍAS DEL DESORDEN Y DEL CAOS

Ernesto Ortiz Diego

El sociólogo francés Georges Balandier es el representante de este enfoque de la teoría del desorden y del caos y de la sociología dinámica, orientado al estudio del cambio de los movimientos sociales y del futuro de las sociedades, busca dar respuesta a las preguntas de cómo, por qué y hacia dónde se encaminan las sociedades modernas.

Lo más significativo de Balandier es la reflexión que hace sobre el orden y el desorden. Señala que no hay un orden definitivo en los sistemas sociales, sino que existe siempre un desorden inherente al orden que amenaza permanentemente su desarrollo.

El gobierno de Ángel Aguirre, quien rentó las siglas del PRD, PMC y PT, ha caído en varios tipos de violencia como la provocada cuando las distintas corporaciones policíacas y el ejército asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre: violencia catastrófica, porque cada vez se enreda más al tratar de inculpar a los estudiantes normalistas haciendo declaraciones absurdas a los medios informativos; violencia como instrumento político para eliminar a servidores públicos surgidos del PRD, para tratar de gobernar con viejos priistas como Humberto Salgado Gómez (secretario General de Gobierno), Raúl y Jorge Salgado Leyva (educación y finanzas), Jorge León Robledo, Silvia Romero Suárez (educación), Porfirio Camarena Castro (coordinación de asesores), es decir, los puestos más importantes donde se manejan las finanzas, la política y la educación; para el año entrante vendrán otras bajas en Desarrollo Social, Salud y la subsecretaría de Asuntos Políticos.

Balandier señala que el poder está sometido a constantes amenazas: “la de la verdad, que hace añicos la cortina de sus apariencias; la de la sospecha, que le obliga a revigorizarse periódicamente. Su alarde es la dramatización, que alcanza su mayor intensidad durante los periodos de vacío de poder como el que se está viviendo en Guerrero a raíz del conflicto del gobierno de Aguirre con la Escuela Normal Rural de Ayotinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Los medios de información del gobierno de Aguirre: la dirección de Comunicación Social, Radio y Televisión de Guerrero y el grupo de pseudoperiodistas “chayoteros”, desatan una permanente y continua teatralidad de la politiquería de baja estofa y de muestran una incapacidad para calcular y dominar los efectos del espectáculo de la grilla de bajo nivel cultural.

Al mismo tiempo que las ideologías se debilitan, en situaciones de desorden y caos, aumenta el poderío de la opinión pública que apoya a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. La opinión de la opinión pública termina por adquirir vida propia, cambia de forma, y queda disuelta la política en los mediático y en el espectáculo.

Balandier sugiere la necesidad de revaluar el concepto “desorden” e inicia la vía de la reflexión en esta dirección con el objeto de mostrar las múltiples vías de la relación orden-desorden-orden. Este planteamiento rompe con los esquemas estructuralistas de la determinación social y política; a partir de la observación del desorden en el seno de los partidos y del gobierno como ha estado ocurriendo con la relación gobierno de Aguirre-Ayotzinapa-movimientos sociales y en general en la sociedad civil podemos ampliar aún más esta reflexión.

Asimismo, el sociólogo Balandier, señala la necesidad de prestar atención a lo imprevisto en la política (como sucedió con el Caso Ayotzinapa), que de momento se recrudeció el 12 de diciembre con los asesinatos de los estudiantes, ya que en el sistema político existen zonas claras y zonas oscuras, estructuras muy formalizadas y no formalizadas que escapan al control gubernamental como sucedió con la policía federal y el ejército que escaparon del control del gobierno de Aguirre al disparar sus armas de alto poder contra los estudiantes desarmados.

Volveré con este mismo tema…

eodiego@yahoo.com.mx

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

Oligarquía corrupta y represora

OLIGARQUÍA CORRUPTA Y REPRESORA

Ernesto Ortiz Diego

Pocas veces, si alguna, un gobernador como Ángel Aguirre sigue enfrentando condiciones más adversas y tan estrecho margen de maniobra. Nunca, ni siquiera en los estertores del antiguo régimen, la familia gobernante (Aguirre y Salgado) sigue luciendo más frágil, endeble y quebradizo. El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, vino a incomodar la felicidad de una oligarquía corrupta, ignorante, represora y asesina.

La dificultad del gobernador Aguirre y la oligarquía que le rodea para tratar de resolver la crisis que le ha dejado la represión y el asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa, ha pretendido inculpar al ejército y a la policía federal, pero eso lo determinará la CNDH y la Comisión Especial del Congreso de la Unión que preside el diputado priista de Morelos, Francisco Moreno Merino, del legislador federal se esperara que sea neutral en sus investigaciones sobre el Caso Ayotzinapa, pero también es probable que le cobre la factura al gobernador Aguirre por la traición que le cometió al PRI al aceptar la candidatura por el PRD, PMC y PT, entonces el desenlace sería juicio político para Aguirre y desaparición de poderes en Guerrero.

En efecto, la dimensión de la perplejidad y el desconcierto en las filas del aguirrismo resulta escalofriante, dramática y perturbadora. Sólo que, justamente, esa misma debilidad estructural –política, organizativa, ideológica y cultural- para estar alimentando los peores humores en el gobernador y su entorno.

Sin opciones viables ni alternativas razonables, el equipo de gobierno comienza a dar señales de desesperación, porque pueden continuar las renuncias obligadas del Aparato Represivo del Estad (ARE), con la salida de Humberto Salgado Gómez, secretario General de Gobierno; de Silvia Romero Suárez, secretaria de Educación, y Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Desarrollo Político, entre otros.

El discurso de Ángel Aguirre se torna retador, hosco, beligerante; confunde ámbitos de poder y espacios partidistas; confronta a los adversarios desde su investidura, sobre todo al Presidente Felipe Calderón, al decir que fue el ejército y la policía federal los que dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa.

Este cruce de cables, se da por descontado, no es producto de la casualidad ni fruto del error o la mala interpretación de los antagonistas, Aguirre quiere salvarse para seguir disfrutando de los grandes beneficios que deja el poder político que se traduce en grandes beneficios económicos y financieros, aunque el pueblo de Guerrero sufra pobreza, exclusión social, represión y asesinatos sin castigo.

Tópico obligado, ineludible, inocultable, el Caso Ayotzinapa no tiene que quedar sepultado con un simple carpetazo, porque no se puede justificar el asesinato de los estudiantes normalistas argumentando falsamente que fue un despliegue policíaco-militar los que le dieron muerte a los dos estudiantes. Este propósito mediático es para tratar de exonerar al gobierno de Aguirre, porque también la policía Ministerial del Estado disparó a quemarropa y fue dentro de los límites del territorio de la entidad guerrerense; Aguirre como primera autoridad en Guerrero es el responsable inmediato de la matanza en la ciudad de Chilpancingo.

La intervención de la policía y el ejército en los dos asesinatos es palmaria y evidente, por eso es un dato preocupante, porque no es nuevo, Aguirre ya intervino protegiendo a Rubén Figueroa Alcocer en la matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, en 1995; la masacre de 11 campesinos en El Charco en la Costa Chica en el primer periodo de Aguirre el 7 de junio de 1998; la represión violenta y desalojo de maestros de la CETEG en Acapulco el 12 de octubre. Y la más reciente represión el 12 de diciembre con el saldo de 2 estudiantes asesinados de la Escuela de Ayotzinapa, y todavía Humberto Salgado Gómez, dice que el gobierno de Aguirre no es represor; demasiado cinismo para pronunciar estas palabras que están asistidas por la mentira y la manipulación.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

martes, 27 de diciembre de 2011

Aguirre: sello personal

AGUIRRE: SELLO PERSONAL

Ernesto Ortiz Diego

“El gobernador me pidió limpiar la carretera y la carretera está limpia”. General Ramón Arreola, ex subsecretario de Seguridad Pública de Guerrero.

A casi un año de que llegó Ángel Aguirre a la gubernatura de Guerrero, en el transcurso, ha impuesto se sello propio y nuevos códigos en la cadena de mando. Entre la indispensable continuidad y el deslinde necesario, la dinámica de la confrontación política contra los movimientos sociales y los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la emergencia de una profunda crisis de seguridad (espiral de violencia por la expansión de los grupos fácticos) pudieran terminar o agotar su gobierno de 4 años y ocho meses.

El perfil bohemio y bufonesco del mandatario guerrerense simplemente aconsejaba señalar distanciarse de su familia y de sus amigos para gobernar por segunda ocasión a la entidad guerrerense, porque en el fondo, más allá de la retórica complaciente, es imposible para el gobernador y su grupo compacto identificarse con el pueblo de Guerrero a quien gobierna a distancia.

El estilo del gobernador y las prioridades de su administración familiar no haría más que ensanchar el abismo entre gobierno y pueblo. En primer lugar, los criterios para la integración de su equipo de gobierno y el carácter centralizado de la tarea política: militancia y cercanía; disciplina y subordinación; rienda corta y control en círculos concéntricos. En segundo lugar, el acento dominante, unipersonal e inalterable desde las primeras semanas del cuatrienio: gobernar con y para su familia, compadres, amigos y facturas que pagar al PRD, sin que nadie reúna el perfil para los puestos que fueron impuestos.

Por ambas vías, paralelas y al final concurrentes, el aguirrismo no pretende borrar las huellas del figueroismo y zeferinismo como fantasía inaugural de la patria perredista “paz y amor”. Peor aún, se encargaría de fundir y confundir al “gobierno del cambio” en el crisol de un pasado ominoso: el de los gobiernos que, por obra u omisión, negligencia o complicidad, contribuyen a la expansión y difusión de la corrupción, la ineptitud, la represión, el asesinato y la impunidad como un cáncer criminal.

Diferencia y continuidad. Del gabinete Montesori, Kindergarden anárquico para el aprendizaje de luminarias grises y otras nulidades ¿alguien recuerda la nómina del gabinetazo?, al equipo blindado de los fieles: ordenadito, sólido, impermeable. Aguirre está pagando cuotas y confía su suerte a dos familias: Aguirre y Salgado. El gobernador le sigue apostando a la lealtad y el espíritu de cuerpo. Filias y fobias, obsesiones y malformaciones. Mediocridad y chabacanería en presentaciones, dosis e intensidades distintas.

En cualquier caso, el desempeño gubernamental sólo gana cohesión familiar y compadrazgos, lo que pierde diversidad y democracia. Y algo más relevante y definitivo: la recuperación, restauración y rehabilitación del vínculo orgánico gobierno-nepotismo, indispensable para sortear las adversidades de un segundo gobierno que no encuentra el consenso del pueblo.

Aguirre no quiere aceptar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su complicidad al ordenarle al general Ramón Arreola, ex subsecretario de Seguridad Pública, de la matanza de los dos estudiantes de Ayotzinapa ( Gabriel de Jesús y Alexis Herrera). Para domar al potro de la inestabilidad y el desgobierno, el gobernador insiste en que no fue la Policía Ministerial a su cargo la que disparó contra los estudiantes, tratando con ello de defenderse para no caer y salvar a demás a Humberto Salgado Gómez, secretario General de Gobierno y a Silvia Romero Suárez, secretaria de Educación, el primero por haber ordenado la represión y la segunda por su incapacidad para tratar el problema de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Sin disimulo ni formalidades, antes de completar el primer año Aguirre se desprende de su primer procurador de Justicia (Alberto López Rosas); del secretario de Seguridad Pública (Ramón Almonte Borja); del subsecretario de Seguridad Pública (general Ramón Arreola), y del director de la Policía Ministerial (Antonio Valenzuela Valdez); pronto habrá más cambios en su gabinete aprovechando el proceso electoral federal y local, tendrá que darle salida a los secretarios de Desarrollo Social y de Salud, para quedarse gobernando únicamente con su familia, amigos y compadres, si es que se salva de la CNDH y de la Comisión Especial del Congreso de la Unión. Aunque se anticipa en la perspectiva un final de cuatrienio que anuncia tempestades y podría desatar los demonios de la confrontación sin atenuantes.

Sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

lunes, 26 de diciembre de 2011

Nubarrones se aglutinan contra el gobierno de Aguirre

NUBARRONES SE AGLUTINAN

CONTRA EL GOBIERNO DE AGUIRRE

Ernesto Ortiz Diego

Todo en clave aguirrista, no hay más remedio. Anacrónica y cutre. Retorcida e inútil como registro histórico y lección para una próxima, inminente, ineludible castigo de la ciudadanía. No hay más remedio. Porque nuestra memoria democrática es demasiado corta y la experiencia de dos gubernaturas perredistas resulta más que suficiente para reconocer que Ángel Aguirre Rivero, no sabe gobernar.

El primer año de Aguirre, segundo gobierno perredista en Guerrero, representa una suerte de anomalía absoluta. Por falta de vocación, indolencia, impotencia y sensibilidad política. Los priistas están por cumplir 7 años en la banca, sin embargo algunos de ellos se acomodaron en el actual gobierno, todo se vale en el oportunismo, no importa abandonar al PRI mientras gobiernan con Aguirre, lo importante para estos trepadores no es la ideología, sino la nómina del gobierno para continuar teniendo canonjías y aumentar sus riquezas a expensas del pueblo que paga con sus impuestos.

Con Aguirre, protagonista y beneficiario de la segunda alternancia en 6 años, la extravagancia adquiere nuevos tonos. La democracia ya no es asunto de voluntad y voluntarismo. El equilibrio de fuerzas y la consolidación de instituciones autónomas determinan las reglas del juego.

El cuatrienio aguirrista es y será una borrachera de pluralidad, diversidad, contención y choque de poderes, competencia efectiva y desorden fenomenal en el tinglado del ejecutivo local. El gobernar Aguirre tropieza con su propia lengua y ataca a profesores de la CETEG y a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los quiere vivos o muertos, no importa mancharse de sangre con tal de hacerse respetar.

Conocerdor de la entraña del priismo, político de raza y abolengo, Aguirre se crece al castigo y al desdén de los opinadores y renuncia al PRI para aceptar la candidatura a gobernador de Guerrero por el PRD, PMC y PT. Manuel Añorve Baños, del PRI, impuesto por Rubén Figueroa, René Juárez Cisneros e Israel Nogueda Otero, es derrotado en forma aplastante por “el hijo desobediente” guerrerense al rentar las siglas de las izquierdas.

Los priistas de cepa tricolor en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado federal Francisco Rojas, respectivamente, le pueden cobrar la traición a Aguirre a través del juicio político o la desaparición de poderes, el PRI con el PVEM son mayoría en el Congreso de la Unión, lo tienen en un puño, es cuestión de desaforarlo primero y luego enjuiciarlo.

Sin embargo, Aguirre pudo haber y puede concluir su gobierno sin pena ni gloria, administrando la inercia, pese a la crisis desatada por los asesinatos de dos estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre en Chilpancingo.

Pero los nubarrones se aglutinan por el flanco izquierdo del reclamo social. Aguirre amenaza la tranquilidad de la entidad guerrerense, sobre todo de los movimientos sociales y las bases de la democracia liberal, peligro para Guerrero.

Por instinto de conservación, el gobernador asume como propio su destino, mantenerse en el poder y lanza una convocatoria para una nueva Constitución local que ya la tiene en su escritorio enviada por Porfirio Muñoz Ledo, la misma que le ha vendido a nuevos gobernadores; Aguirre hace malabarismos para contener el avance de los movimientos sociales en contra de su gobierno oligarca y familiar.

La Comisión para el Caso Ayotzinapa que preside el diputado priista de Morelos, Francisco Moreno Merino, es probable que repruebe el desatino, la insensatez, la irresponsabilidad y los asesinatos de dos estudiantes, y pudiera dictaminar antes del 15 de enero que Aguirre se extralimitó dando órdenes de “limpiar” la autopista del Sol a como diera lugar.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

Lo que Guerrero necesita

LO QUE GUERRERO NECESITA

Ernesto Ortiz Diego

La violencia en Guerrero se ha generalizado por falta de desarrollo social, económico, cultural y político, allende el terreno de las filias y fobias, los gobiernos surgidos del PRI y PRD solo han provocado pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio; estancamiento económico, violencia, corrupción, impunidad y marginalidad social.

Guerrero necesita un secretario de Desarrollo Rural que rescate el campo e impulse la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, el perfil ideal debería ser un sociólogo con especialidad en desarrollo rural o un economista experto en desarrollo rural.

El desarrollo económico, ya no puede permitir prácticas monopólicas y se debe establecer como prioridad la libre competencia, asimismo, se debe generar empleos para detener el fenómeno migratorio y la violencia; el secretario ideal debiera tener un perfil de economista que busque otras opciones que no sea el neoliberalismo rampante y explotador.

En la cuestión comercial, se debe dar prioridad al desarrollo de la pequeña y mediana empresas, con energéticos y créditos baratos, con protección ante precios exagerados de insumos, impuestos altos y burocratismo corrupto que solo dificultan los trámites para establecer negocios y corrompen el desarrollo comercial; el perfil del servidor público en esta área debe ser un economista con ideas modernas y con capacidad para el desarrollo comercial.

En Turismo cultural, crear un desarrollo económico y comercial en las dos costas teniendo como corazón el puerto de Acapulco, por su posición geoestratégica; fortalecer la Semana Altamiranista, Las Jornadas Alarconianas y la Feria Nacional de la Plata. Asimismo, impulsar al Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), el servidor público que lo coordine debe ser genuinamente guerrerense, que conozca nuestras tradiciones, costumbres, cultura, folklore, cultura popular, historia y que reúna el perfil de literato o sociólogo.

En Educación, se requiere la formación de un magisterio profesional, que evalúe y estimule a los docentes sobre la base del mérito; calidad educativa (que reclama la participación de los padres de familia); cobertura (sobre todo dirigido hacia los jóvenes); pertinencia (que atienda el déficit en ingenierías y matemáticas, y que fomente el vínculo de la educación y el sector productivo. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, debe tener un trato especial, modernizarla, diversificar las licenciaturas, elevar el nivel académico de los profesores y del estudiantado, comenzado con su nuevo director que bien pudiera ser el doctor Pablo Sandoval Cruz, por ser un profesionista respetado y que es bien aceptado por la comunidad de los ayotzis. El perfil ideal del secretario de Educación, debe eser un académico especialista en educación con ideas progresistas, por ejemplo, un filósofo o sociólogo de la educación.

Seguridad Pública, pintar la raya dando fin a la impunidad y a la corrupción de los cuerpos policíacos; formar una policía confiable para luego regresar al ejército y los marinos a sus cuarteles. Tocar las ganancias de los grupos fácticos fuera de la ley, que es el principal incentivo de la delincuencia y establecer una agenda de prevención del delito, que atienda los rubros esenciales como educación, cultura y reconstrucción del tejido social.

Mayor inversión en capital humano, atender la demanda educativa, no solo una mayor cobertura en cantidad sino en calidad, invertir en ciencia y tecnología. El perfil debe ser un formador de generaciones con ideales e ideas progresistas.

El gobernador Ángel Aguirre debería aprovechar la crisis por la que está pasando su gobierno, si llegara a salvarse del juicio político o de la desaparición de poderes, tendría que hacer una limpia en su equipo de gobierno por ejemplo, las facturas que tuvo que pagarle al PRD de elementos que no reúnen el perfil para ser servidores de primer nivel, eliminar a su familia Aguirre y Salgado, y amigos de la nómina del gobierno que solo están parasitando como trepadores del presupuesto gubernamental sin aportar absolutamente nada para nuestro desarrollo por su incapacidad para gobernar por no reunir, repito, el perfil para los puestos que fueron impuestos desde abril del año que termina.

Sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

El último canon del año de Aguirre

EL ÚLIMO CANON DEL AÑO CON AGUIRRE

Ernesto Ortiz Diego

Habrá que acostumbrarse a navegar a ciegas, sin instrumentos ni hoja de ruta en el gobierno tambaleante de Ángel Aguirre Rivero. A improvisar sobre la marcha a identificar por instinto (olfato, corazonada, augurio) la ubicación precisa tras cada golpe de remo o timón.

Resignarse a imaginar cómo hubiera sido Aguirre un gobernador con experiencia, con servidores públicos que reunieran el perfil para los puestos que fueron nombrados, sin facturas que pagarle al PRD y sin las familias (Aguirre y Salgado) en la nómina del gobierno del Estado.

Hipótesis instantánea, soluble, desechable, para un dilatadísimo primer fin de año aguirrita. No hay otra forma de abordar el acontecimiento de los dos estudiantes de Ayotzinapa por un gobierno represor, que los engañó citándolos para una audiencia el 12 de diciembre, sin embargo, en forma perversa las distintas corporaciones policíacas y el ejército los recibieron a balazos y hubieran muerto más estudiantes solo que corrieron del lugar de los hechos en Chilpancingo, para ponerse a salvo.

En tales circunstancias, la política es sinónimo de coyuntura y el saber convencional del Ancien Régime sirve efectivamente para nada. Disuelto el canon perredista en el ácido de la alternancia, sus ritmos, pautas, tiempos y valores entendidos terminan por nublar o entorpecer el entendimiento más elemental de los fenómenos del poder en condiciones de competencia y pluralidad. El gobierno de Aguirre comenzó de cero y sin agarraderas. Atenido al azar, la contingencia, la fatalidad, la buena mala estrella de un gobierno sin operadores, asesores y estrategas eficientes sobre todo del Aparato Represivo del Estado (ARE) comenzando con el secretario General de Gobierno, el subsecretario de Asuntos Políticos, el director de Gobernación, el secretario y subsecretario de Seguridad Pública, el procurador General de Justicia y el director de la policía ministerial.

¿Qué dice el viejo canon sobre el primer año de gobierno de Aguirre? Prodigio de sentido común y pragmatismo, de equilibrios y simulaciones, el memorial de las reglas no escritas apuntan al crepúsculo del poder absoluto, donde se gobierna con los cuates, los recomendados y los viejos priitas desfasados de los conocimientos de cómo es el nuevo arte de gobernar.

Cumplida la etapa de la asunción (primer año), posible consolidación o caída del gobierno de Aguirre (segundo año), reacomodo (tercer año) y despliegue a plenitud (cuarto y último año), disponer de todo lo que caiga en el año de Hidalgo, a robar todo lo que más se pueda, porque el aguirrismo ya no volverá a gobernar, los guerrerenses seguramente ya no quieren saber nada de un gobierno que reprimió, asesinó, nespótico y que robó.

Ofrenda en la piedra de sacrificios para garantizar el nuevo sol, la continuidad y el continuismo. Luego el silencio: muerte política, muerte civil, del huey tlatoani.

Antes de cumplirse el primer año del cuatrienio aguirrista, es posible que venga la renovación de su gobierno si es que quiere continuar en el poder, que pudiera permitir al gobernador soltar lastre y sacudirse herencias envenenadas o disfuncionales: asegura la ejecución/consumación del programa de gobierno que reinventa la Historia en cada ciclo.

El cuarto año, si es que no cae antes, no se ve que vaya a ser de esplendor y magnificencia. Se presagia un mal fin. La administración palaciega del proceso sucesorio –juego de “tapados”, descarte, dedazo y unción- señala el climax que antecede al declive.

A lo largo del cuatrienio, el gobernador Aguirre seguirá perdiendo peso, piso y centralidad. La sombra de su sucesor multiplicará las zonas de penumbra, aunque en el ejercicio del poder residual –el largo impasse con doble gobernador, en funciones y electo- la omnipotencia pueda exhalar un último suspiro como desplante de soberbia, arbitrariedad o “desagravio”: endeudar, dilapidar y maniobrar para dejar al próximo sucesor de Aguirre, una entidad en deuda peor de cómo la dejaron René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo: resultado en una entidad guerrerense con mayor crisis de gobernabilidad, más empobrecida, con más pobres y excluidos.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

Aguirre en el ojo del huracán

AGUIRRE, EN EL OJO DEL HURACÁN

Ernesto Ortiz Diego

El gobierno de Ángel Aguirre se encuentra en el ojo del huracán, o continúa gobernando con las dos familias (Aguirre y Salgado), con la vieja oligarquía del PRI, con el figueroismo y con el SNTE, o transita hacia una Reforma del Estado, con un nuevo protagonismo, con una alianza con el pueblo, con una redefinición ideológica que ubique a su gobierno en el centro izquierda.

La Reforma estatal no es una simple reconstrucción o renovación de antiguas estructuras y métodos; se trata de la construcción de un nuevo proyecto estatal, y en un nuevo espacio político, producto de una nueva relación entre la tecnocracia, las instituciones emergentes y la sociedad civil, los partidos políticos y las organizaciones sociales.

En este marco la Reforma del Estado en Guerrero, debiera adoptar una tendencia a desempeñar un nuevo rol, en el que abandonara buena parte de sus antiguas responsabilidades sociales, como no rentables. En Guerrero se debe elevar la eficiencia y eficacia del aparato estatal: la descentralización, la profesionalización de los servidores públicos y la desregulación de los sistemas administrativos.

De ahí que la descentralización y transparencia de la gestión pública es expresión de un “nuevo modo de acción pública” en virtud de la cual el propio espacio de lo “privado y lo público” tiende a ser redefinido.

En esta perspectiva, la actitud del gobierno de Aguirre debe asumir la redefinición estatal buscando generar un impacto en las nuevas formas de participación y en el debate sobre el espacio político que debe crearse a través de las nuevas modalidades de gestión gubernamental, definidas como buen gobierno (gobernanza y reingeniería estatal).

La nueva gestión estatal y el saber en el cual se suscribe le otorga a la decisión gubernamental un carácter desideologizado, lo que permite al Estado ubicarse por encima de la sociedad. El Estado en esta perspectiva se conceptualiza como la “organización organizada de organización (ooo), concepto que facilita en tender la orientación de la gerencia estatal y la gobernanza.

Así, la modernización para el gobierno de Aguirre se convierte en un referente, desde el cual se organiza la Reforma estatal y se busca definir el futuro que intenta construir. De esa manera, “modernidad-posmodernidad” se constituye en el tema central de actualidad, como el espacio que marca la necesaria Reforma del Estado que necesita Guerrero.

Lo que están en juego es una lucha por la redefinición del agotado proyecto anterior y la emergencia de otro. Como lo plantea el sociólogo francés Alain Touraine, es la articulación entre dos mundos: el tradicional y el moderno.

En el actual gobierno de Aguirre y en los anteriores priistas y perredistas, de modo literal el pueblo de Guerrero se ha quedado sin representación política; de allí la tendencia a la apatía ciudadana, a la confusión, a la desorientación, a la desafección y el desinterés por la política.

Situación según sociólogos y politólogos de prestigio, el gobierno de Aguirre hoy más que nunca, se encamina a la democracia fallida, entendida como democracia sin contenido político y, por lo mismo, sin la posibilidad de garantizar la satisfacción de las cada vez más amplias necesidades y demandas de las sociedad guerrerense.

Por último, conviene señalar que en la discusión política sobre el tema de la crisis de la Escuela de Ayotzinapa por los dos estudiantes asesinados el 12 de diciembre, lo que se necesita es una nueva institución educativa que trabaje mejor y cueste menos.

Por otra parte, en ambos marcos teóricos subyace una nueva consideración sobre el concepto de la gestión pública para establecer un régimen basado en el control estratégico de resultados, en el que los instrumentos son la autonomía de las entidades públicas, la tercerización de servicios, la transparencia de la información pública, la flexibilización de los sistemas administrativos y la atribución de la responsabilidad de la gestión de los funcionarios encargados mediante un sistema de indicadores de gestión.

La experiencia de Nueva Zelanda es retomada como ejemplo, como una vía radical para lograr los tres objetivos sobre los cuales existe consenso: reducir el costo del Estado, mejorar su desempeño y hacerlo más transparente y responsable (accountability).

eodiego@yahoo.com.mx

sociólogo (UIA) y politólogo (IIEPA)

Ingobernabilidad en el gobierno de Aguirre

INGOBERNABILIDAD EN EL GOBIERNO DE AGUIRRE

Ernesto Ortiz Diego

En el campo de la gobernabilidad encontramos un amplio abanico de enfoques teóricos, que por su significación conviene señalar algunos:

La vertiente representada por uno de los clásicos de la teoría de la gobernabilidad Manuel Alcántara politólogo español, para quien la actual crisis de paradigmas de modelos de desarrollo y sistemas políticos ha desgastado las bases de la gobernabilidad en muchos países y la entidad guerrerense no es la excepción. Por lo mismo Alcántara, entiende la gobernabilidad como “el conjunto de condiciones que hace posible el ejercicio del poder político y económico en una determinada sociedad”.

Observa el politólogo español que en América Latina la gobernabilidad se desdibuja bajo esquemas de “ruptura” que amenazan con dar paso a nuevos sistemas políticos, sociales y económicos emergentes, puesto que su origen se gesta bajo condiciones de extrema presión, tanto internas como externas, así como por un gran descontento social de amplios sectores de la población (Alcántara, 1995).

Esto ha estado sucediendo en Guerrero desde el uno de abril cuando Ángel Aguirre dio a conocer su equipo de gobierno, las dos familias Aguirre y Salgado fueron ubicadas en el poder político, financiero y educativo; y le dejó al PRD parte del aparato represivo del Estado (ARE), la procuraduría de justicia a Alberto López Rosas, la seguridad pública a Ramón Aguirre Almonte, y Antonio Valenzuela Valdez, director de la Policía Ministerial del Estado; con el conflicto de Ayotzinapa a los tres los tronó; solo quedan pendientes David Jiménez Rumbo, secretario de Desarrollo Social, y Lázaro Mazón Alonso, secretario de Salud, que en cualquier momento pudieran ser renunciados de sus cargos aprovechando el proceso electoral federal y local, como una salida aparentemente digna.

En esta perspectiva, el concepto gobernabilidad incluye al Estado, pero lo trasciende, pues también abarca las organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. De manera que son tres los actores de la gobernabilidad: Estado, sociedad civil y partidos políticos.

Cuando alguno de estos tres actores falla, un gobierno cae en ineficiencia, se presenta la ingobernabilidad, como le ha estado sucediendo al gobierno de Aguirre, la sociedad civil no ha fallado, los que si han fallado es el Estado y los partidos políticos. Estos porque han vendido o rentado sus siglas como ha sucedido con el PRD que han tenido que ofrecerle las candidaturas a gobernadores a dos personajes que no son militantes de su partido como Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, el primero identificado con la derecha del PAN y el segundo con la derecha del PRI, aunque Aguirre ha dicho que es un político de izquierda su comportamiento es rudo y agresivo como lo ha demostrado desde que fue encubridor de Figueroa en el Caso Aguas Blancas, los asesinatos en El Charco, la paliza a profesores de la CETEG en Acapulco, el 12 de octubre, y los dos asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa, el 12 de diciembre en Chilpancingo, curiosamente al gobernador Aguirre le gusta golpear el día 12 de cada mes.

En suma, el gobierno de Aguirre ha caído en ingobernabilidad porque no satisface las demandas populares desde el 1 de abril a la fecha, gobierna con una oligarquía, en los ocho meses y días que lleva su gobierno se observa mayor inestabilidad y menor productividad; mayor incertidumbre de los actores políticos, al situarlos bajo una presión incrementada.

Bajo esta perspectiva, el movimiento popular, los movimientos sociales, aparecen retomando el camino, en busca de nuevas vertientes de movilización y protagonismo, para que haya justicia con los dos asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa y para que haya gobernabilidad en Guerrero, porque no se puede vivir con un gobierno oligarca que no da respuestas positivas a las demandas populares.

eodiego@yahoo.com.mx

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

domingo, 25 de diciembre de 2011

El riesgo político del gobierno de Aguirre

EL RIESGO POLÍTICO

Ernesto Ortiz Diego

Según el politólogo Edgar Jiménez, profesor de la Universidad Iberoamericana (UIA), la teoría del conflicto distingue dos enfoques: “alerta temprana” y el análisis de riesgo político, vinculados al proceso de la democracia fallida o riesgo de regresión democrática como ha estado sucediendo con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Un proceso democrático se consolida cuando los conflictos y tensiones de una sociedad no contemplan otro horizonte de solución que el mantenimiento o avance de las instituciones democráticas.

La crisis de gobernabilidad democrática presenta un elemento común: la incapacidad del gobierno de Aguirre para asumir y procesar en forma democrática los conflictos emergentes como está sucediendo con la crisis de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Para determinar la magnitud y complejidad del conflicto de Ayotzinapa, es necesario atender tanto a los conflictos históricos no resueltos, postergados o resueltos, de manera suficiente como a los nuevos conflictos derivados de la transición y de los problemas que surgen de la imposibilidad para transformar los bienes políticos en políticas públicas.

La gobernabilidad designa un equilibrio entre demandas sociales y respuestas gubernamentales, las demandas no solo surgen de la Escuela de Ayotzinapa, sino que son infinidad de movimientos sociales que demandan atención por parte del gobierno de Aguirre, pero este parece mudo y ciego ante los reclamos populares.

El déficit de gobernabilidad significa un desequilibrio entre el nivel de demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental. En esta circunstancia pueden darse dos situaciones: reducir las demandas y/o aumentar la capacidad de gobierno, sin embargo, el gobierno aguirrista no está dispuesto a darle solución a tantas demandas sociales de un pueblo que se ha visto empobrecido, porque sus gobernantes solo llegan al poder para enriquecerse, reprimir, asesinar, saquear las arcas y cubrirse en un manto de impunidad desde la cúpula del poder.

Sin embargo, la no solución de los problemas y la situación definida como punto límite, designa la inevitable ruptura de la relación gobierno, sociedad, lo que, por lo mismo genera situaciones de riesgo político.

Como escribía Carlos Matus (Chile, 1931-1998), ex asesor del presidente Salvador Allende y fundador de la planeación estratégica situacional, él señalaba que la acción de gobierno se articula en tres vértices de un sistema complejo constituido por: a) el proyecto de gobierno, b) la gobernabilidad y c) la capacidad de gobierno.

Estas tres variables, el gobierno de Aguirre ha sido incapaz de hacer realidad un proyecto de gobierno; cuanto mayor influencia o control tenga el actor (gobierno), sobre estas tres variables, mayor será la gobernabilidad del sistema de gobierno. Por el contrario, cuanto menor decisión tenga el actor (gobierno), sobre las distintas variables, menor será su grado de libertad.

Mientras Ángel Aguirre continúe gobernando con una enorme parentela, compadres, amigos, recomendados, imposiciones, siempre estará en riesgo político, siempre entre el filo de la navaja como un equilibrista que de un momento a otro puede caer su gobierno. Hay muchos intereses que están al acecho siguiendo el curso de los acontecimientos, el riesgo político de un gobierno, muchos están a la espera de que Aguirre pierda el equilibrio y caiga, sin embargo, si no cayera durante estos cuatro años que le faltan a su periodo de gobierno, él ya perdió la credibilidad que el pueblo le confío en las urnas, difícilmente podrá levantarse políticamente, ya no será el Ángel en sus mejores tiempos.

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

EL GOBIERNO FALLIDO DE AGUIRRE


EL GOBIERNO FALLIDO DE AGUIRRE

Ernesto Ortiz Diego

Para el sociólogo francés Alain Touraine, el conflicto es una relación de intereses y necesidades competitivas entre dos o más partes; el gobierno de Ángel Aguirre en sus primeros ocho meses de asumir el poder se metió en una crisis política y de gobernabilidad, conflicto que tiene cauces negativos o positivos; el conflicto puede modificarse o transformarse, conducirse, administrarse o desactivarse. Por último el conflicto puede minimizarse o maximizarse, a su vez el conflicto puede originar otros conflictos de mayor gravedad, severidad e intensidad que el conflicto inicial.

Desafortunadamente, Ángel Aguirre carece de estrategas en conflictos, como sociólogos y politólogos, de tal manera que el conflicto de Ayotzinapa ha ido creciendo, los estudiantes han tenido más apoyo de normales de otras entidades de la república así como movimientos sociales que siguen exigiendo juicio político para Aguirre y desaparición de poderes en Guerrero.

La trayectoria y el curso del conflicto ya se salió del mapa de Guerrero, hay expresiones de repudio a un gobierno represor, el pésimo manejo de los medios informativos continúa deteriorándose, la política interna a cargo del secretario General de Gobierno ha sido todo un fracaso, pues cuando surgió el conflicto el 12 de diciembre, el que trató de desactivarlo fue el procurador de Justicia, con infinidad de errores en el manejo de los medios. La coordinación de asesores a cargo de Porfirio Camarena Castro tampoco funciona.

El gobierno de Aguirre es un estado fallido porque ya no puede traspasar los bienes políticos (seguridad, educación, salud, oportunidades económicas, un marco legal de orden y un sistema judicial, infraestructura elemental, etcétera), es un gobierno incapaz de controlar sus fronteras por el hecho de que según el mismo Aguirre, dice que fueron los policías federales los que dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa, asimismo, al interior de la entidad se observa un crecimiento de la violencia criminal en sus distintas modalidades.

Un gobierno también fracasa cuando pierde la legitimidad. La anarquía deviene cada vez más en la norma y el caos se impone paulatinamente lo que ha estado sucediendo en el gobierno aguirrista con un claro sello de dos familias (Aguirre y Salgado) que controlan el poder político, financiero y educativo.

La calificación de “Estado o Gobierno fallido” se refiere, en palabras simples, al fracaso de un país o de una entidad federativa en mantener una sociedad justa y viable, una sociedad en la que sus ciudadanos tengan la oportunidad de que sus derechos se respeten, de estar protegidos.

En un Estado fallido, el gobierno no tiene el control físico sobre su territorio y carece del monopolio legítimo de la fuerza, parafraseando al sociólogo alemán Max Weber. Sus instituciones son débiles o inexistentes y el debate democrático está ausente.

Al momento de cerrar esta colaboración, recibo un volante de los estudiantes de Ayotzinapa dirigido al pueblo de Guerrero, una síntesis de este documento dice: “Los hechos ocurridos el día lunes 12 de diciembre del presente año dieron a conocer a la población el verdadero rostro del gobierno del estado, mismo que el gobernador intentó maquillar con una postura “abierta al diálogo y con un rostro humano”, pero el verdadero rostro de este mal gobierno es el de encubridor de las masacres de Aguas Blancas, El Charco, la represión de estudiantes de esta misma normal en 1998, etcétera”.

El volante continúa diciendo: “El día lunes 12, se dio uno de los asesinatos más cobardes por parte de los cuerpos policíacos, dando muerte a dos de nuestros compañeros en una manifestación pacífica en la que exigíamos una audiencia con el gobernador el cual personalmente se había comprometido a escucharnos, pero al cancelarla en tres ocasiones decidimos salir a las calles para ser escuchados puesto que el gobierno se negaba hacerlo, lo único que exigíamos era aumento a la matrícula escolar, disminución del promedio para ingresar a 7.0, solución al paro de maestros que mantienen desde hace mes y medio. Por exigir educación murieron nuestros compañeros síntomas de un gobierno asesino, ante tales hechos no podemos seguir negociando con quienes tienen las manos y la conciencia manchada de sangre”.

Por todo esto, Aguirre tiene un gobierno fallido, en donde no hay gobernabilidad ni soluciones pacíficas a las demandas populares, el conflicto cada día crece más, todo parece indicar que habrá un desenlace fatal para su gobierno.

Sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx

Pésimo manejo de medios frente a la crisis de Ayotzinapa

PÉSIMO MANEJO DE MEDIOS

FRENTE A LA CRISIS DE AYOTZINAPA

Ernesto Ortiz Diego

Desde el momento en que fueron brutalmente reprimidos los estudiantes de Ayotzinapa, el pasado 12 de diciembre, el manejo de los medios informativos por parte del gobierno fue también brutalmente erróneo, eso le pasa al gobernador Aguirre por tener en comunicación social a compadres y recomendados, que no supieron administrar la crisis política que se la ha venido encima.

El primer día en que hubo dos estudiantes muertos, el ahora ex procurador Alberto López Rosas, pretendió manipular a la opinión pública, a la prensa nacional y local, tratando siempre de inculpar a los estudiantes, mintiendo que los policías acudieron al lugar de los hechos desarmados y que ningún policía había disparado.

Cuando la realidad era otra, mientras declaraba falsamente este pésimo procurador, las imágenes de la televisoras comerciales de Televisa y TV Azteca, llevaban a todos los televidentes la horrible matanza, los policía armados hasta los dientes y el general Ramón Arreola Borja, ahora ex subsecretario de Seguridad, con un garrote en mano daba señales a sus polizontes y al ejército que siguieran disparando y golpeando salvajemente a los estudiantes, su excusa de esta terrible matanza del general fue decir “el gobernador me pidió limpiar la carretera y la carretera está limpia”; nos recordó la matanza de Aguas Blancas, de Coyuca de Benítez, en 1995, cuando el ahora ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, les dijo a su Aparato Represivo del Estado (ARE), que no dejaran pasar a como diera lugar a los campesinos que se trasladaban a la ciudad de Atoyac a un mitin que encabeza María de la Luz Núñez, madre del ahora vocero oficial de Aguirre.

Después de la destitución de medio ARE, vinieron otros errores, pero ahora del propio gobernador Aguirre, en el sentido de que había muerto el trabajador de la gasolinera, tratando con ello de inculpar otra vez a los estudiantes de Ayotzinapa de un crimen que no habían cometido, la pregunta es ¿quién le dijo al gobernador semejante mentira, o Pedro Julio Valdez Vilchis, coordinador de comunicación social o Arturo Martínez Núñez, vocero oficial de gobierno del estado?

El manejo de la prensa ya no puede dejarse en manos de compadres y recomendados, sobre todo en una entidad como la nuestra, donde los periodistas investigan en forma exhaustiva los hechos delictivos, que si bien unos periodistas son “maiceados”, otros, aunque pocos, conservan su autonomía frente a un poder represivo y autoritario.

Muchos gobiernos han caído por el mal manejo de los medios impresos y electrónicos, recordemos el caso de España con el Partido Popular, cuando todo se pensaba que derrotaría al PSOE, no fue así, por las declaraciones de José María Aznar con el manejo de la crisis. Tres días antes de las elecciones generales de 2004 tuvieron lugar los atentados terroristas conocidos como 11-M en los que murieron 191 personas. Millones de personas se manifestaron en las calles de España como señal de repulsa por la masacre.

Horas después del atentado Aznar llamó personalmente a los directores de los principales periódicos nacionales para transmitirles su absoluto conocimiento de que ETA era la autora de la masacre.

Millones de españoles consideraron que el gobierno de Aznar -como ahora miente Aguirre-, acerca de la autoría del atentado cuando en realidad había sido Al-Qaeda la autora de la masacre, y allí se fincó la derrota de Mariano Rajoy y el Partido Popular (PP), es decir, que si no hubiese cometido el error Aznar en el manejo de la prensa José Luis Rodríguez Zapatero no hubiera ganado la contienda electoral en el 2004, Rajoy tuvo que esperar para ganar la presidencia de España hasta ahora el 20 de noviembre de 2011.

Ahora José María Aznar, preside la Fundación para el Análisis y los Estados Sociales /FAES), que es denominado “el laboratorio de ideas del PP”, y se constituye como think-tank del PP, quien con su asesoría llevó al triunfo a Mariano Rajoy, pero tuvieron que pasar 8 años de aquel error que cometió Aznar por el mal manejo de los medios.

Un error parecido cometió Rubén Figueroa Alcocer, cuando dijo en 1995 en el Caso Aguas Blancas al decir que los policía sólo se habían defendido porque los campesinos se bajaron del camión en que iban disparando sus garrotes.

eodiego@yahoo.com.mx

sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA).

Juicio Político o Desaparición de Poderes en Guerrero

JUICIO POLÍTICO O

DESAPARICIÓN DE PODERES EN GUERRERO

Ernesto Ortiz Diego

La impartición de justicia que exige la sociedad guerrerense a los culpables de la masacre que sufrieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, comunidad de Tixtla, el pasado 12 de diciembre se divide en dos opiniones que se complementan.

Algunos exigen juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, otros piden desaparición de poderes ¿qué procede y qué es lo más pronto de acuerdo a nuestras leyes?

Los ciudadanos en las sociedades modernas en un sistema republicano como el nuestro, aunque sus autoridades locales actúan como trogloditas, deben responder por las consecuencias de sus actos. Esto se llama responsabilidad de las personas.

En México (y Guerrero no es la excepción), los ciudadanos aun cuando son servidores públicos, pueden ser castigados con cárcel o con multas por cometer actos que se consideran delitos, excepto el presidente de la República el cual no puede ser castigado y ni siquiera acusado por delitos pequeños. Él tiene otro procedimiento que no viene al Caso Guerrero.

El juicio político recientemente implantado en México se copió de algo bastante obsoleto: el procedimiento del “impeachment” del sistema federal de los Estados Unidos, originalmente para destituir a cualquiera de los empleados ejecutivos federales.

El juicio político fue implantado en México en la Constitución de 1917 en el texto original del presidente Venustiano Carranza “El Varón de Cuatrociénegas”, con errores y aciertos.

Fue hasta el 28 de diciembre de 1982, cuando, al iniciar su periodo presidencial Miguel de la Madrid, publicó la reforma a la Constitución en la que estableció el juicio político, tal como aparece actualmente en la Carta Queretana.

El juicio político para el gobernador no existe en Guerrero, el artículo 112 de nuestra Constitución local señala quienes deben ser sujetos de juicio político: los diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Secretarios de Despacho Auxiliares del Titular del Ejecutivo y el Consejero, etcétera, pero no el gobernador.

El mismo artículo señala que las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Sin embargo, por jerarquía de las leyes, existen disposiciones que están en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incluyen en un párrafo sobre los requisitos para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales.

Tratándose de delitos federales contra los gobernadores y los titulares de otros órganos de gobierno de los Estados, se requiere la autorización de la Cámara de Diputados Federal con el mismo procedimiento que se sigue respecto de las acusaciones penales a los altos funcionarios federales. La cuestión si los asesinatos de los dos estudiantes de Ayotzinapa son delitos federales y si los cometió el gobernador Ángel Aguirre.

En relación a la desaparición de poderes en Guerrero, es una facultad del Senado de la República según contempla el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1978. La declaratoria conlleva la desaparición de los poderes públicos de una entidad (ejecutivo, legislativo y judicial), si desaparecen los tres poderes corresponde al Senado el nombramiento de un gobernador provisional, y cuando desaparece únicamente el titular del poder ejecutivo por renuncia, licencia o fallecimiento, la facultad de nombrar sustituto es exclusiva del Congreso del Estado, sin intervención federal.

De las tres causales que señala el artículo 76 Constitucional, la que procede para la desaparición de poderes es el que señala que: “Estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden público”.

Cabe insistir que la atribución del Senado es la de certificar que ya han desaparecido los poderes públicos y no el declararlos desaparecidos por derecho propio.

Guerrero es uno de los estados en que han sucedido más desaparición de los poderes, tal vez por el carácter rebelde de los guerrerenses, de 1917 a 1975 las desapariciones de los poderes en nuestra entidad son las siguientes: Silvestre G. Mariscal (1918); Gabriel R. Guevara (1935); Alberto F. Berber (1941); Alejandro Gómez Maganda (1954); Raúl Caballero Aburto (1961); e Israel Nogueda Otero (1975).

Finalmente, el juicio político se lleva a cabo ante las dos Cámaras, en tanto la declaración de procedencia únicamente se tramita ante la Cámara de Diputados.

Volveré sobre esta cuestión en otras colaboraciones…

Sociólogo (UIA), politólogo (IIEPA)

eodiego@yahoo.com.mx