domingo, 21 de marzo de 2010

Procampo: la persistencia de lo inútil

Prácticamente ya nada sorprende, ya poco indigna. No pasó de largo, pero tampoco generó los efectos jurídicos ni las consecuencias políticas que merece un caso tan escabroso e impresentable como el de financiar con dinero público a narcotraficantes, altos funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno, a una casta privilegiada de agricultores de altos ingresos y mantener clientelas político-electorales…Todo ello, que supone un manejo oscuro, improductivo, irracional y abusivo del erario, se conjuga en el Procampo y algunos de sus subprogramas, como Ingreso Objetivo y Capitaliza.

Hace casi año y medio que se destapó la cloaca. Desde entonces lo que ha prevalecido es no sólo la soberbia incapacidad del gobierno federal para sanear Procampo sino su absoluta indolencia y liviandad respecto al abuso de los privilegios de la función pública.

El peor de los mundos: mal planeado y peor ejecutado. Sólo una mixtura de esta extravagante naturaleza podría explicar las irregularidades, aberraciones y vicios del Procampo.

Inequidad en el reparto: promoción de la desigualdad: A partir de información pública, Fundar reveló que las diez entidades más beneficiadas, durante 14 años, por Procampo e Ingreso Objetivo concentran 65.1% del total de los recursos, en desmedro del resto de las 22 entidades --algunas de ellas como Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, de histórica vocación agrícola-- que se repartieron el 34.9% restante. Concentración y desigualdad escandalosas: mientras el primer 10% de beneficiarios recibió 16 046 pesos en promedio por año entre 1994-2008; el último ochenta por ciento de beneficiaros recibió, en el mismo periodo, apenas 964 pesos en promedio por año.

Procampo: pro-improductividad: Ni los miles de millones de pesos destinados ni la protección comercial de diversos cultivos durante tres lustros han sido suficientes para hacer del campo mexicano un sector competitivo, no digamos ya al nivel de los socios comerciales de América del Norte, sino tampoco frente a países como Argentina y Brasil. Quienes ya eran productivos antes de la apertura comercial y la política de subsidios al campo mexicano no han dejado de serlo en los últimos tres lustros ni lo han sido mucho más como consecuencia de estos apoyos. En contraste, para el extendido segmento de minifundistas en el país, los subsidios no han sido sino recursos --ínfimos-- que les ha ayudado a mal vivir.

Pro-corrupción, pro-opacidad, pro-clientelismo: No sólo no se han cumplido los objetivos que se propusieron originalmente sino que, en el camino, estos programas de apoyo han ofrecido múltiples ventanas de oportunidad para la corrupción, la discrecionalidad, el clientelismo político. Destaca el asunto del padrón de beneficiados. Desde su origen, más que un registro riguroso y confiable sobre eventuales beneficiarios de recursos públicos, el padrón fue un instrumento político para formar clientelas, para favorecer a organizaciones afines, una moneda de cambio para líderes agrarios, gobernadores y presidente municipales, quienes desde el primer padrón ejercieron presión para favorecer al mayor número de personas de su entidad.

Procampo no funcionó para lo que estaba diseñado: como una política de fomento para elevar la productividad y competitividad del campo mexicano. Tampoco para aquello en que se convirtió: una política asistencial dirigida a los campesinos más pobres del país, que son la mayoría. Si acaso, y a un precio muy alto, Procampo ha contribuido a mantener la gobernabilidad en el agro.

Si sorprende el cinismo de los grandes agricultores que no se oponen a que se eleve el monto mínimo de los subsidios siempre y cuando no se toquen sus privilegios, la indolencia de las autoridades escandaliza: pese a la múltiples evidencias de corrupción, opacidad, desvío de recursos, inoperancia del programa, su nulo impacto respecto a los objetivos propuestos… las administraciones panistas no sólo han pasado de largo sino que se han servido de estos programas.

jueves, 11 de marzo de 2010

UNIVERSIDADES PÚBLICAS REPROBADAS

Ernesto Ortiz Diego

“No es justo que se nos cierren las puertas. La mayoría de los alumnos sabemos que mientras no se acredite la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem) vamos a perder muchas cosas, sobre todo la credibilidad ante la sociedad”, me decía una estudiante de medicina de la Facultad que fundó el médico Arrizon en Acapulco, el autor de estas líneas venía el pasado sábado 6 de marzo, de este puerto donde había ido a impartir un curso de ciencia política.

“Y como no reprobar si, para muestra, la UAG está viviendo un convulsionado y violento proceso de rector”, volvió a insistir la alumna de medicina, en su rostro, se le veía su enorme preocupación por lo que estaba sucediendo en su universidad.

Ayer escribí sobre las mejores universidades públicas del país entre las que destacan: San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Baja California y Aguascalientes.

Pero también está el otro rostro de la educación pública superior, el que conforman 40 universidades públicas que han sido “reprobadas” en sus estándares de calidad en la mayoría de sus programas.

Este grupo se subdivide en dos:

En el primero están ocho universidades que tienen “rendimientos mínimos de calidad” en la mayor parte de sus licenciaturas y posgrados, y que sólo han “pasado la prueba de calidad” en algunos programas académicos, estas universidades son: Campeche, Coahuila, Durango, Guadalajara, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y Chapingo.

El segundo grupo lo integran las 32 peores universidades, las que no han acreditado una sola de sus licenciaturas ni de posgrado, en los estándares de calidad a que han sido sometidas por organismos evaluadores como la Secretaría Educación Pública y la ANUIES. Aquí sobresalen los casos de las universidades públicas como: la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la Benito Juárez de Oaxaca, California Sur, Chiapas, la Nicolaíta de Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala.

Arturo Contreras Gómez, rector de la UAG, afortunadamente ya de salida, pues el 6 de abril habrá de entregar la rectoría a quien triunfe de los dos candidatos, va a entregar una universidad en crisis, al borde del precipicio. Y conste que no menciono a ninguno de los dos candidatos a rector, para que un tal José Hernández, conocido por su trayectoria como matraquero, no haga una defensa rabiosa de lo indefendible.

Entre las principales causas del deterioro en estas universidades, según las conclusiones recientes de la ANUIES, es mala planeación, la escasa evaluación de la calidad académica, profesores con bajo perfil académico, el activismo politiquero, desviación del presupuesto universitario, oscurantismo, perfil fascistoide, sindicalismo oficial al servicio del rector en turno, nepotismo, entre otros graves problemas, que en lugar de disminuirlos, cada día aumentan, volviéndose un círculo vicioso.

Finalmente, estas líneas no son producto de una mala voluntad hacia la UAG, como algunos aduladores del rector que prometió “una universidad para todos”, y que al final de su periodo de cuatro años, convirtió a la institución a favor de su familia y de sus amigos. Es el ojo crítico que desea que el próximo rector que surja de la voluntad mayoritaria los días 12 y 13 de marzo de este 2010, termine con tantos vicios ancestrales, y proyectar a una Nueva Universidad en la que haya apertura universal, que ya deje de ser un coto de poder para mafias que se han enquistado en la UAG, que lastiman no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad guerrerense.

eodiego@yahoo.com.mx

UNIVERSIDADES APROBADAS Y REPROBADAS

En 2006 leí una historia desagradable de dos estudiantes de medicina ya por terminarla en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se habían formado en la educación de la incertidumbre, de poco les servirían títulos, togas y birretes. Su futuro estaba marcado, desde aquella época, por el de su universidad de Oaxaca, una de las instituciones del país reprobadas en estándares mínimos de calidad. Una de las peores de México, al igual que la Universidad Autónoma de Guerrero.

Me adentré más en la información, resulta que la UABJO aparece como “reprobada” por el Consejo Mexicano para la acreditación de la Educación Médica (COMAEM) y eso ha marcado durante muchos años a los profesionistas que egresen de esta institución.

En el estado de Guerrero siempre hemos sabido que la UABJO y la UAG, desde hace muchos años se disputan el último lugar, esto despertó mi curiosidad por conocer cuáles son las mejores universidades y las peores universidades públicas del país.

Las mejores universidades

La evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), señala que de 60 universidades públicas, sólo siete cuentan con altos índices de calidad académica. Son las autónomas de San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán, Ciudad Juárez, Chihuahua y Baja California, Aguascalientes. Por una parte, me dio gusto saberlo porque en dos de estas universidades hace algunos años fui profesor: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (FCPyS-UACH), en la primera fui profesor en sociología y en la segunda en ciencia política.

El estudio señala que las universidades que han marcado récord en su crecimiento y estándares de calidad destaca la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que en sólo tres años se metió al grupo de las mejores instituciones de educación superior, con más de 30 programas acreditados y 18 por acreditar a corto plazo en el nivel de licenciatura.

En todos estos casos, el estudio de la SEP identifica como factores cruciales para la mejoría académica la vinculación de las universidades con los sectores productivos, la despolitización de la academia, la gobernabilidad interna y la aceptación voluntaria a ser auditadas en sus tareas académicas.

La evaluación a las universidades comenzó hace más de 10 años por parte de la SEP, al fundar los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), en los que participan 500 expertos de las más diversas especialidades, reconocidos por su calidad académica y experiencia en sus campos profesionales.

A lo largo de más de una década, estos “pares” o “auditores académicos” han recorrido el país escuela por escuela para revisar la calidad de las instituciones de educación superior. Ellos se apoyan en reportes y estudios de organismos como la ANUIES, el Ceneval, así como en organismos independientes avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior AC (Copaes).

En otra entrega, escribiré sobre las universidades reprobadas donde, desafortunadamente, se encuentra la Universidad Autónoma de Guerrero, pero sobre todo, con el actual rector Arturo Contreras Gòmez, la UAG se encuentra en sus peores momentos, por eso no es conveniente el continuismo.

Los días 12 y 13 del presente mes, la comunidad universitaria de la UAG, si realmente quiere un cambio estructural, para transitar de una universidad reprobada a una aprobada, la mejor opción es el doctor Rogelio Ortega Martínez, candidato a rector por el Gran Frente Universitario (GFU).

eodiego@yahoo.com.mx